Revés para el Gobierno: la Corte frenó el tarifazo de gas y exige audiencias públicas

La Corte también ordenó al Gobierno a disponer el mantenimiento de la tarifa social para los sectores más pobres y solicitó al Congreso nombrar al defensor del Pueblo de la Nación, vacante desde abril de 2009 cuando renunció Eduardo Mondino.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la anulación del aumento de tarifas del gas natural por red para los usuarios residenciales, en un fallo unánime firmado por los cuatro jueces del tribunal.
El máximo tribunal de Justicia dijo que para fijar la nueva tarifas de gas la audiencia pública “es de cumplimiento obligatorio” e instó al Gobierno a realizarla incluso para definir el valor del gas en boca de pozo.
Los jueces Horacio Rossati, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Maqueda firmaron la sentencia sólo para usuarios residenciales porque fueron quienes llevaron adelante las demandas contra el Estado que llegaron a esta instancia.
Así, el fallo frenó los aumentos sólo para los usuarios residenciales que representan el 26% del consumo total de gas natural por red, por lo que las industrias y comercios tendrán que impulsar sus propias demandas si pretenden que también se anulen los aumentos para sí. En tanto no haya una demanda de otros sectores de la sociedad, como lo son la industria y el comercio, el fallo de la Corte habilitó al Poder Ejecutivo a continuar con el cobro del aumento de tarifas al 74% de los usuarios.
De esta forma, anuló los aumentos de gas para los usuarios residenciales al determinar que el llamado a audiencia pública “es de cumplimiento obligatorio” y las tarifas deben retrotraerse al 31 de marzo, es decir, al día previo a que se apliquen los aumentos. Además se mantiene la tarifa social.
En una ampliación de fundamentos, Maqueda dijo que el mecanismo de participación ciudadana que son las audiencias públicas debe llevarse a cabo respecto de todos los tramos que componen la tarifa final del servicio público de gas: precio en boca de pozo, transporte y distribución.
El Gobierno de Mauricio Macri afirmaba que no era exigible la realización de audiencia pública antes del dictado de las resoluciones impugnadas por tratarse la producción y comercialización de este recurso de una actividad desregulada, es decir, una actividad cuyo precio era fijado por el libre juego de la oferta y la demanda.
Pero Maqueda explicó que ese argumento no es valedero, porque a partir de 2004 el precio del gas pasó a ser fijado por el Estado del mismo modo en que fija las tarifas, por lo que mientras el Estado siga fijando el precio, corresponderá también llevar a cabo obligatoriamente las audiencias públicas.
La Corte también ordenó al Gobierno a disponer el mantenimiento de la tarifa social para los sectores más pobres y solicitó al Congreso nombrar al defensor del Pueblo de la Nación, vacante desde abril de 2009 cuando renunció Eduardo Mondino.

CAMINO JUDICIAL
Tras el dictado de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo colectivo y la Sala II de la Cámara Federal de la Plata hizo lugar por lo que frenó el aumento de tarifas.
El miércoles último, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó su rechazo a la suba en las tarifas al coincidir con la Cámara Federal de La Plata que no se siguió los procedimientos adecuados al no haber realizado las audiencias públicas previamente.
Los jueces Rossati, Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda revocaron no obstante en forma parcial el fallo de la Cámara porque consideraron que no puede agruparse al total de los consumidores bajo un mismo conjunto, es decir, con carácter colectivo.
En ese sentido, tomando en cuenta el antecedente “Halabi”, los jueces dijeron que la única acción de clase son los usuarios residenciales, ya que se trata de un “grupo vulnerable” y con características similares.
Para el 74 por ciento del consumo restante, en el cual ingresan empresas, comerciantes y otros sectores, la Corte recordó que la ley 24.076 fija la obligación de realizar audiencias para lo que es el precio del gas en cuanto a la distribución y transporte pero no así para la denominada boca de pozo, el “Pist”.
La audiencia pública, para la Corte, es clave pues está en juego “el derecho de todos los usuarios a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial”, y en ese sentido refutó dos argumentos del Gobierno nacional.


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