Revés judicial para el comisario Pulley

Las prohibiciones de salir de Trelew y del país sin la debida autorización judicial le fue confirmada ayer a Alejandro Pulley, a quien la Fiscalía de Comodoro Rivadavia investiga por cuatro episodios de cohecho pasivo. La defensa solicitó que se levante esa restricción que consideró "excesiva y desproporcional".
La audiencia a la que fue sometido el comisario mayor se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y estuvo presidida por la juez natural de la causa, Daniela Alejandra Arcuri. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general, Camila Banfi, mientras que el imputado estuvo asistido por el abogado particular, Alejandro Fuentes, quien tomó recientemente la defensa.
El acto se llevó a cabo a efectos de revisar la medida de coerción morigerada que desde hace 28 días viene cumpliendo el ex jefe de la Unidad Regional de Trelew, quien se encuentra imputado por el delito de cohecho pasivo, en el marco de una causa en la que además se investiga a una banda que integraría una asociación ilícita.
Hay que recordar que en el momento de la apertura de la investigación al comisario le dictaron una medida de coerción morigerada, la cual consistió en la prohibición de salir de la ciudad de Trelew, la provincia y el país sin la debida autorización judicial.
Al cabo de unos días se revisó esa medida, en virtud de que el imputado solicitó que se lo autorizara a viajar a Gaiman, donde residen sus padres de avanzada edad, hijos y otros familiares, algo que fue autorizado a hacer los sábados y domingos en determinado horario.

PIDIO MAS LIBERTADES
Ayer, la nueva defensa que ejerce el abogado Fuentes solicitó a la juez natural el cese de esas restricciones, las cuales consideró excesivas y desproporcionadas. En tanto, pidió la libertad ambulatoria de su asistido para que pudiera desplazarse sin autorización alguna.
Ello, tras señalar que la calificación del delito que se le atribuye le permite acceder a un juicio abreviado e incluso, por su falta de antecedentes, a una suspensión de juicio a prueba porque la pena que se espera como resultado del proceso podría ser excarcelable, a pesar de que se trata de un comisario que –se supone– tiene más obligaciones que cualquier otro ciudadano.
A su turno, el fiscal Martín Cárcamo se opuso a cualquier ampliación de las medidas sustitutivas y sostuvo que hasta el momento no han variado los peligros procesales por los cuales se dictó oportunamente la medida, por lo que solicitó que se rechace el planteo y se confirme el mantenimiento de las mismas.
Tras escuchar a las partes, la juez Arcuri manifestó su coincidencia con la Fiscalía, señalando que existe peligro de fuga, pero principalmente entiende que se da el peligro de entorpecimiento de la investigación, por lo cual rechazó el planteo de la defensa.

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