Romero confirmó que asumirá como juez penal de Comodoro Rivadavia

El abogado Francisco Miguel Romero confirmó que asumirá como juez penal de Comodoro Rivadavia y explicó que la suspensión de la matrícula, resuelta por el Colegio de Abogados, no incide para el ejercicio de la judicatura. De todas maneras, su licencia sigue vigente hasta el 27 de este mes.

La suspensión de la matrícula de abogado que le fuera impuesta a Francisco Miguel Romero y notificada el 27 de julio, un día después de que la Legislatura de Chubut aprobara su pliego mediante acuerdo legislativo para ejercer el cargo de juez penal que concursó, no resulta un obstáculo para el caso.
Al respecto, el propio Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia públicamente aclaró que dicha sanción “ya sea que fuera aplicada con anterioridad o que estuviera siendo aplicada, no es obstáculo legal para postularse, concursar y resultar seleccionado para ocupar el cargo de juez, sin perjuicio de lo cual el Consejo de la Magistratura y la Legislatura en sus intervenciones en el proceso de selección deben analizar si dichos antecedentes disciplinarios resultan de una trascendencia tal que obsten a la selección del postulante”.
Hay que saber que en el reglamento del Consejo de la Magistratura –organismo que se encarga de la selección de los jueces, fiscales y defensores-- en su artículo décimo se establece que los postulantes a los concursos deben presentar certificado de antecedentes emitidos por los colegios de abogados o poderes judiciales donde hayan desempeñado la profesión y que en el caso de existir sanción se deberá acompañar la causa y la resolución tomada al respecto.
Esa normativa fue cumplimentada por Romero y al momento de postularse presentó el certificado que fuera emitido por su Colegio, mediante el cual se dejó constancia de que por medio de la sentencia 146/13 el interesado recibió una suspensión de 6 meses por parte del Tribunal de Disciplina, en el marco del expediente que se tramitó bajo el número 152/12.
Se explicó además que el abogado sancionado presentó una medida cautelar que imposibilitó continuar con los 4 meses restantes de sanción. El caso llegó hasta la Corte Suprema con un recurso de queja, donde se rechazó el planteo de prescripción reclamado por el letrado.
Al quedar firme la sanción, se resolvió restablecer la suspensión de 4 meses, la cual comenzaría a regir a los 30 días de ser notificada, algo que finalmente ocurrió el 27 de julio. El día anterior la Legislatura ya había aprobado el pliego de Romero.
En diálogo con El Patagónico, el futuro juez explicó que de todas maneras para ejercer la judicatura debía renunciar a la matrícula.

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