Sánchez insiste en que los jueces de la Corte Suprema presenten sus declaraciones juradas

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez afirmó ayer que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia "están obligados por la Ley de Ética Pública y por el derecho constitucional de acceso a la información pública" a presentar sus declaraciones juradas, al justificar el nuevo pedido que le hizo al cuerpo en compañía de Elisa Carrió.

"De negar la Corte esta información, estarían violando una Ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación y estarían incurriendo en delitos como el de violación de los deberes de funcionarios públicos entre otros", aseveró Sánchez en diálogo con la agencia Télam.
El legislador recordó que "es la segunda vez" que reclaman al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti la presentación de las declaraciones juradas de los miembros y remarcó que en esta ocasión solicitan que el cumplimiento del trámite se produzca en diez días.
"Es la segunda vez que se lo pedimos a la Corte y la primera vez contestó de manera absolutamente insuficiente, entregaron sólo la última DDJJ de cada juez y eso impide hacer análisis de evolución patrimonial, por eso se lo volvemos a pedir", apuntó.
Remarcó: "los pedidos de este tipo a la Corte son muchos, realizados por periodistas, ONG's, políticos y ciudadanos en general y nunca fueron respondidos".
El pedido es la reiteración del que ya habían realizado en mayo y que, según entienden los legisladores, fue respondido con "información insuficiente".
Solicitan "una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero".
Carrió y Sánchez piden que se detallen, entre otras cosas, los bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre los mismos, bienes muebles registrables, capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa y monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras.
Acerca de la anterior presentación de datos, los legisladores subrayan que fue "a todas luces insuficiente para poner conocimiento público la realidad patrimonial de los funcionarios alcanzados por la misma y, lo que es más grave aún, resulta violatorio de los parámetros fijados por la ley de ética en el ejercicio de la función pública".

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