SCPL: el Concejo toma el control y define la auditoría

Tras negarse con el argumento de la "inconstitucionalidad" a la auditoría planteada por el Tribunal de Cuentas, la SCPL no puede eludir el control por parte del Concejo Deliberante. En el marco de la Comisión de Legislación General, el cuerpo de representantes definirá la modalidad para requerir toda la información vinculada con costos y tarifas.

Como ya lo había informado El Patagónico, el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) emitió, con el voto de los dos vocales de la oposición (Gastón Acevedo y Carlos Relly), una resolución ordenando una auditoría económica y financiera a la SCPL. El documento fue liberado el mismo jueves 10 de marzo en que el Concejo Deliberante avalaba el "tarifazo" ordenado por el Ministerio de Energía de la Nación en todo el país, a partir de los exorbitantes aumentos en el transporte de la energía.
Lo cierto es que la irrupción en escena del TCM no fue bien recibida por los concejales, que ya venían analizando en la previa plantear tal auditoría; una investigación que tal y como fue formulada por el órgano de control contiene algunos vicios administrativos que redundaron en el rechazo de la SCPL, una situación sobre la que ya hubo un antecedente en 2003 (ver recuadro) y que podía hacer prever el argumento de la concesionaria de servicios públicos, que termina por banalizar o "estirar" la discusión que se buscaba.
De hecho, tras el encuentro Relly llegó a tildar de "mentiroso" al titular de la SCPL, Gabriel Tcharian, quien públicamente había manifestado su voluntad de compartir con los auditores algo más que lo que le puede mostrar a cualquier asociado, como fue la oferta que hizo en la reunión del miércoles.

DUDAS PARA
SER ACLARADAS
Así como pueden caber algunas dudas sobre la potestad del TCM para auditar motu propio a una prestadora, la Carta Orgánica Municipal (COM) resulta en cambio taxativa en el caso del Concejo Deliberante: en su artículo enuncia las atribuciones y deberes del cuerpo, y en su inciso 22 incluye "solicitar al Tribunal de Cuentas la realización de auditorías de contenido económico-financiero", siendo así el Concejo quien debe ordenársela al organismo de control.
Cabe destacar que esta atribución puede ejercerse con un tercio de los miembros (4 concejales) y solo una vez por cada concesionaria de servicios públicos en todo el período.
Esta es la potestad que los concejales buscarán ejercer, según anticipó Guillermo Almirón (FpV), quien puntualizó que a esos efectos se reunirán en el marco de la Comisión de Legislación General para definir el formato bajo el que se requerirá la información y enunciar cuáles son los datos a investigar, planteando así otras de las falencias del pedido del TCM, que no puntualizó información específica, más allá de plantear una auditoría económica y financiera de 2012 a la fecha.
"Es claramente una potestad del cuerpo. La del TCM es más endeble desde el punto de vista jurídico. Además, el convenio de prestación está regido por la Carta Orgánica de 1999 y ya no hay pretextos para que SCPL plantee una inconstitucionalidad en el tema. Lo que plantean es que la auditoría no puede ser global; es decir económico-financiera porque la autoridad de aplicación para ellos es INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)", explicó Almirón.
Es en ese contexto que la requisitoria o ejes a auditar deben ser puntuales. "Hay cosas que hay que definir cuando se pide una auditoría y ser concretos, aunque después se pueda ampliar el objeto. Así, en un principio nos enfocaremos en lo que nos interesa que es el impacto sobre la gente: si efectivamente están facturando bien el servicio eléctrico; cómo se traducen los cuadros tarifarios en la práctica; cuáles son los costos; si la SCPL tiene un solo proveedor o varios, dado que en 2003 por ejemplo tenía cinco y todos con diferentes precios; el más caro era Cammesa, un 100% más que el resto; cómo se mide el consumo; cómo se cobra; a quién se cobra; saber si los 500 o 600 contratos que tiene la cooperativa con grandes usuarios se prorratea por el conjunto de lo que venden, o nos lo prorratean solamente a los usuarios de Comodoro Rivadavia", enumeró Almirón.
Para el concejal, "debe ser un trabajo ordenando y sistemático y no una cuestión azarosa. Creo que fue lo del TCM. Quizás la intención de ellos haya sido la mejor, pero el resultado efectivamente termina como los anteriores pedidos de auditoría".

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