Se presentó la acusación contra Abel Reyna y otros siete empleados del IPV

La acusación pública de la causa, donde se investiga al ex director de la delegación Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda y a siete empleados de la repartición, fue presentada ayer en la Oficina Judicial luego que se realizara la audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal para la ampliación de objeto procesal. Allí los delitos fueron calificados como falsedad ideológica, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, se investiga el presunto pedido de dinero y de hasta favores sexuales a postulantes de viviendas para otorgarles la adjudicación.

La audiencia por el caso IPV se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la juez natural del la causa, Mariel Suárez. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general, Camila Banfi y la querella por la abogada María Laura Martensen.
Los imputados Abel Reyna y Darío Acosta fueron representados por los abogados particulares Guillermo Iglesias y Francisco Romero, de manera respectiva, mientras que el defensor público, Esteban Mantecón asistió al resto de los imputados: Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde.
En ese contexto la titular de la acción pública llevó a cabo la ampliación del objeto procesal y detalló cada uno de los delitos y maniobras que se imputan, cumpliéndose con todos los requerimientos.
Así fue que se describieron las distintas modalidades de pago que según la acusación incluyeron hasta favores sexuales para obtener una casa en el plan de las 81 viviendas de Ciudadela.
La fiscal también calificó los delitos de cohecho activo y pasivo, como así también tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hay que recordar que la causa del IPV está relacionada con las irregularidades en la entrega de viviendas que se habrían producido entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, gestión en la que Reyna estaba a cargo de la dirección de la delegación local.
Ayer, después de la audiencia, la fiscal Banfi presentó la correspondiente acusación pública y la querella tiene cinco días para presentar su propia acusación, luego de lo cual quedará avanzar con la audiencia preliminar de juicio donde las partes deberán efectuar el ofrecimiento de pruebas.

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