Se restableció la tarea de los trabajadores en el Servicio de Protección de Derechos

Los trabajadores del Servicio de Protección de Derechos retomaron sus actividades tras un plan de lucha que se había iniciado en marzo de 2015 y que se caracterizó por cuatro extensas medidas de fuerza. La última retención de servicios se había iniciado el 5 de mayo último y se mantuvo hasta el viernes, con lo que Comodoro Rivadavia -como la mayoría de las localidades de la provincia- tenía en jaque la atención a los sectores sociales que enfrentan vulneración de derechos.

El paréntesis de estabilidad al que se arribó en el Servicio de Protección de Derechos tras los quince meses de reclamos, tendrá su consolidación con la liquidación salarial del mes de junio según lo acordado, y que tienen como base el cambio de ley que abarca a los trabajadores, que se encuadraban en la de administración publica y pedían el cambio a la Ley de Familia. Mientras las liquidaciones se ejecutarán con las nuevas categorizaciones, ya estaría firmado el decreto que abarca a operadores y profesionales, más un adicional para estos últimos.
Así lo informó Daniel Casas, delegado del servicio que planteó que de ese modo se soluciona una de las cuestiones de fondo del reclamo que como se indicó tuvo cuatro retenciones de servicios de más de un mes de duración cada una durante los últimos quince meses. En ese contexto se habían firmado cuatro actas acuerdo que jamás tuvieron cumplimiento efectivo. Y en setiembre de 2015 se había conformado un expediente que para octubre se había "extraviado" en el área de personal y hubo que iniciar todo el trámite nuevamente.

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DE PARTIDA
La realidad del servicio continúa siendo compleja. Sin embargo, el convenio marco para su puesta en marcha determina que Provincia aporta el recurso humano y el municipio el recurso material, aunque la renuncia de la mayoría de los profesionales para insertarse en otras instituciones mejor rentadas determinó que la Municipalidad designara profesionales para cubrir esas vacantes.
Esto implicó en los últimos meses que conviva un trabajador social dependiente de la Municipalidad con un salario de $40.000 con un sueldo provincial de $10.000. A la disparidad se sumó que en determinado momento dejarán de incorporar personal al servicio, con lo que los ingresos posteriores se dieron bajo la modalidad de becas y contratos, revistando a su vez para el municipio o la provincia.
A la heterogeneidad del equipo, en términos de esfera de pertenencia, escalas salariales y carga laboral, hay que añadir la renuncia de la mayoría de los profesionales en los últimos dos meses, con lo que solo quedaron dos para atender toda esta ciudad.
Así, con el reclamo salarial encauzado, tanto el municipio como Provincia avanzaron con la contratación de ocho nuevos profesionales para incorporar, lo que conformará un equipo de diez especialistas, la misma cifra que había en marzo de 2015 cuando el grupo de trabajo iniciaba un plan de lucha reclamando falta de profesionales.
En ese esquema de situación, Casas explicó que hay otra cuestión de fondo a resolver, y de índole legislativa: consideró que los marcos legales del servicio son obsoletos y que se requiere que las prestaciones estén bien definidas, las responsabilidades fijadas también, y establecer el nivel mínimo de profesionales necesarios según la cantidad de habitantes, además de un sistema homogéneo para los trabajadores que revistan. Una nueva ley de fondo para el servicio de protección de derechos en Chubut es entonces la lucha que se viene para el sector.

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