Siempre habrá penas y olvidos

Mientras el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se fisura una costilla jugando con su cuarta hija (sin dudas una tierna imagen), luego de haber pasado su primer mes de gestión prácticamente de vacaciones (eso sí, en el país), sus principales espadas continúan decidiendo a su arbitrio sobre el trabajo, los bienes y el poder adquisitivo de los argentinos, entre ellos el de quienes vivimos al sur de la Patagonia y que desde que comenzó el año tenemos a la zozobra como compañera.
Pasaron las fiestas y empezaron las vacaciones –forzadas para algunos por decisión empresarial– que se ignora cómo terminarán. Algo de eso debería empezar a develarse hoy en Rawson, en la reunión convocada por el gobernador Mario Das Neves a ejecutivos de operadoras y dirigentes sindicales que tienen al petróleo como su razón de ser. Y de asegurarse el asado del domingo.
Al cierre de este análisis aún no estaba confirmada la presencia del ministro nacional de Trabajo, Jorge Triaca (h), quien en realidad posee un papel casi decorativo en el gabinete de Cambiemos, donde hasta el momento no se percibe aquello de que habría un equipo y no un hombre-fuerte en la Economía. En realidad éste existe, sonríe como todos y toma las decisiones de fondo. Es Alfonso Prat Gay, el albacea de la herencia Fortabat que ya no debe asesorar al HSBC ni al JP Morgan y que pretende marcarle la cancha al movimiento obrero con bravuconadas como que es hora de pensar en conservar fuentes de trabajo antes que exigir mejoras económicas. En paralelo, el salario pierde valor; hay cada vez más estatales que se quedan en la calle y si protestan, balas de goma para ellos.
No se dice mucho de ello en los grandes medios, preocupados como están en por qué los argentinos no usan sunga ni cuando están en Brasil, mientras le dan cobertura al sector más "prolijo" del justicialismo, con el que podrían acordar leyes regresivas cuando se reinicien las sesiones legislativas.
Lo cierto es que la dirigencia petrolera de Comodoro no tuvo un buen fin de año, ni un mejor comienzo. Todo por el fin del acuerdo de precios internos que les servía a las empresas para mantener su actividad con un margen de ganancia acorde con su inversión, mientras no se producía desocupación en una región en la que no son muchas las alternativas. El recurso del empleo público es para quienes residen 400 kilómetros al norte.
Hoy deberían haber viajado a la capital de Chubut dos ministros que supuestamente eran claves, el de Energía y Minería (el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren) y el de Producción (el ex CEO de Máxima AFPJ, Francisco Adolfo Cabrera). Son parte de ese mini gabinete presentado para socorrer a economías regionales como la nuestra, tal como dijeron en aquella imagen de gente descontracturada.
Pero no. El que estaría hoy en la provincia de Chubut es un ministro que solo está para resolver conflictos laborales, con lo que queda manifiesta cuál es la lectura que se hace desde Buenos Aires: se trata de un diferendo entre particulares. Un poco de razón no les falta porque es Tecpetrol la que se resiste a aceptar un barril a 55 dólares argumentando que lo suyo es la exportación. Esto es lo que se dice cuando se explica por qué no hubo acuerdo hasta ahora. ¿Será así?
El año 2016 también comenzó para el sector con otro dato que no puede ser soslayado en la industria hidrocarburífera: la disolución tanto de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, como de sus funciones principales, aunque por ahora el gobierno de Macri no abordó la norma que declara de interés público nacional "el logro del autoabastecimiento, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos", sancionada en el artículo 1º de la Ley 26.741 de mayo de 2012. Sin embargo, se va conformando un ambiente poco propicio para el cumplimiento de esos objetivos.
De acuerdo a lo que señala el analista económico Raúl Dellatorre, "la disponibilidad de los recursos hidrocarburíferos (los producidos y los que aún están por extraer) para garantizar el desarrollo económico con equidad social y la creación de empleo, que en dicha norma aún vigente se consagra, no se compadece con la maximización de ganancias de corto plazo y la remisión de utilidades al exterior, que prevalecieron como objetivos empresarios cuando la desregulación y privatización de los hidrocarburos fueron la regla".
La letra de las nuevas normas "de registro y deberes de información" será de Aranguren, ex CEO de Shell hasta hace menos de un año. El anterior reglamento –agrega Dellatorre– contemplaba la obligación, para las petroleras privadas, de presentar un plan anual de inversiones, que sería evaluado por la Comisión, la cual además fijaría los criterios a respetar por dichos planes privados "a fines de garantizar la conveniente conservación de las reservas". La reglamentación también le otorgaba a la Comisión facultades de "auditoría y fiscalización" sobre las empresas.
Es obvio que el sector privado nunca vio con simpatía estos requisitos, aunque no llegaran a tener aplicación estricta. Y que Aranguren, como representante de Shell, encabezaba dicha resistencia. No menos cierto es que sin una planificación estatal y el cumplimiento de determinados fines y obligaciones por parte del sector privado, la meta de autoabastecimiento y desarrollo con equidad social es incumplible.
Bien lo sabrá Aranguren, que en el año con mayores dificultades en materia de restricción cambiaria, 2014, llevó a Shell a reducir el volumen de procesamiento de crudo, disminuyendo el factor de uso de la capacidad instalada de su refinería de Dock Sud del 84,2 por ciento al 81,6, mientras que importó el 7,3 por ciento de la nafta súper y el 15,8 por ciento del gasoil que vendió en el mercado interno.
Según Dellatorre, "podría haber optado por importar el crudo y procesarlo en su propia refinería, pero otras cuestiones empresarias habrán prevalecido por sobre el interés nacional".
Ahí reside la amenaza para la soberanía hidrocarburífera. En un recurso estratégico como el petróleo, rara vez los intereses privados coinciden con los intereses nacionales.

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