Time Warp: Casanello cruzó duro a Bullrich y denunció a la Prefectura

En el oficio destinado a la ministro de Seguridad, el juez rechazó la versión que indicaba que sus colaboradores habían pedido "no molestar a los jóvenes que querían divertirse". Además, afirmó que Prefectura "entorpeció" la investigación.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó ayer concederle la exención de prisión al empresario Adrián Conci, organizador de la fiesta Time Warp en la que murieron cinco jóvenes, y denunció a la Prefectura Naval por "entorpecimiento" de la investigación. Además, cruzó a la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, por las versiones de funcionarios de su cartera que apuntaban contra sus colaboradores en el juzgado.
En su resolución, el magistrado rechazó el pedido de Conci. En paralelo, el fiscal Federico Delgado pidió las declaraciones indagatorias de personal de Prefectura, responsables del predio de Costa Salguero, personal de la empresa de seguridad privada y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, en el oficio dirigido a Bullrich, Casanello rechaza la acusación del subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de esa cartera, Guillermo Soares Gache, que había afirmado que los empleados judiciales Gustavo Javier Russo y Martín Smietniansky habían pedido "no molestar a los chicos" que el sábado a la madrugada "querían divertirse" en la fiesta electrónica.
Según el escrito, ambos funcionarios judiciales descartaron la acusación y aseguraron que no mantuvieron conversación alguna con los prefectos que estuvieron a cargo del operativo de seguridad en el complejo Costa Salguero, como había señalado el ministerio que comanda la ex diputada.
"Señor Juez, le informo a usted que no he mantenido reunión, encuentro ni contacto alguno con el Prefecto Rubén Eduardo Farrus ni con el Subprefecto Meraldo Verón del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina, ni con ningún otro integrante de esa fuerza en las circunstancias a las que hace referencia en el oficio rubricado por el Dr. Guillermo Soares Gache y que en este acto tenga a la vista, ni en ninguna otra circunstancia", aseguró Russo, secretario del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.
Smietniansky, por su parte, no sólo rechazó la denuncia sino que señaló que se le solicitó a los efectivos que debían intervenir "ante la aparición de conductas en infracción a la ley de estupefacientes" e "informar inmediatamente a la autoridad judicial".
"Había tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que "hicieron la vista gorda" para que la fiesta continuara", advirtió el fiscal Delgado en el dictamen donde pidió indagar al prefecto Alberto Pandiani, al jefe de servicio subprefecto Adrián Alvarez y a la cabo segunda Ivana Gómez.
También pidió la indagatoria de quien figura como titular del predio Costa Salguero, Néstor Bogado, de quien figura como apoderado de Dell Producciones, Maximiliano Avila y del encargado de seguridad de la empresa Siseg, Ezequiel Venturino.
Y se reclamó la indagatoria del responsable del plan de evacuación, Carlos Garat, y de funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suscribieron el acta 19439 el 15 de abril a las 19, que habilitó la realización de la fiesta.
"Todos ellos deberán ser citados a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que participaron en el "armado" de las condiciones que hicieron posible la tragedia que resultó con cinco muertes", consignó Delgado en el dictamen al que accedió Télam.
El juez además envió un oficio a Bullrich en el que reseñó que dos de sus secretarios desmintieron haber hablado con agentes de Prefectura Naval para indicarles que no molestaran al público en la fiesta electrónica y remarcó que se indicó a esa fuerza denunciar cualquier hallazgo de estupefacientes.
Casanello anticipó a la funcionaria que analizará si los prefectos que reseñaron ese supuesto diálogo con sus empleados cometieron un "intento de entorpecimiento de la investigación".

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