Un concejal expuso información judicial que compromete a Prades

Al retornar de Buenos Aires, el concejal caletense Pablo Calicate brindó ayer una conferencia de prensa para dar a conocer la información oficial que recopiló en ámbitos judiciales en torno a la causa que involucra al intendente Facundo Prades en un presunto caso de corrupción que cobró notoriedad pública nacional.

Caleta Olivia (agencia)

El legislador del PJ-FPV dijo que decidió viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por su propia cuenta y sin utilizar viáticos de la comuna, a fin de interiorizarse sobre el avance de las acciones judiciales contra el jefe comunal, recordando además que incluso él mismo había anunciado que quería ser parte de la querella.
En principio dijo que consideró necesario brindarle información a la población "frente al silencio del propio intendente y de sus secretarios" y por ello estuvo el jueves y el viernes en la metrópoli.
Detalló que acudió al Juzgado Criminal de Instrucción N°42, ubicado en Talcahuano 550, a cargo de la juez María Gabriela Lanz, y allí encontró el expediente con la carátula inicial que surge de la denuncia en una comisaría realizada por José Fermín Valdivia Jara, caratulada "Prades Facundo S/averiguación de delito. Damnificado Valdivia Jara José Fermín. Expediente N°43614/2017".
Acotó que luego de recibir la denuncia, la citada jueza recibió distintos testimonios, pero luego se apartó de la causa, por lo cual la misma fue a sorteo y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°28 de la que participa un juez subrogante.
Sin embargo, este juzgado se declaró incompetente "por entender que si otro juzgado ya inició la causa, le correspondía a éste (el N° 42) avanzar en el proceso".
"Ante esta circunstancia -indicó Calicate-, tomó intervención la Secretaría Especial de Cámara, a cargo de la doctora María Rosa Torre y el prosecretario de Cámara Julio M. Slinin, quienes en los próximos días deberán establecer qué Juzgado avanzará con la investigación".

RESPETO A LAS ORDENANZAS

Al margen del devenir de las acciones judiciales, el concejal dejó en claro que la venta de terrenos para la instalación de supermercados implica una actividad comercial positiva para la ciudad, siempre y cuando ello se realice de manera reglamentaria, conforme a las ordenanzas vigentes.
Por ello consideró que "se necesita información administrativa para determinar si hubo irregularidades en la venta de los terrenos y si le cabe alguna responsabilidad a Facundo Prades".
"En el caso de que sea un problema administrativo, se puede rectificar, pero si hay algo más es necesario que la justicia avance plenamente", puntualizó.
Por otro lado, reveló que mientras estuvo frente a la presidencia del Concejo (desde el 25 de julio hasta el viernes pasado), hizo todo lo posible para obtener información sobre la documentación de los tres terrenos vendidos a inversionistas chinos y la situación actual de Prades, "quien se ausentó hace dos semanas sin dar explicación alguna".
Al mismo tiempo aseguró que solicitará a los demás concejales (Javier Aybar, Rubén Martínez y Liliana Andrade) "que tomen una posición activa y comprometida en la próxima sesión ordinaria que se realizará el jueves 10 de agosto, a fin de avanzar seriamente en el ámbito que les es propio".
Finalmente, anticipó que pedirá la presencia de los secretarios de hacienda y planificación, Marcos Antonelli y Mauro Zacarías, ya que entiende que "son responsables por haber plasmado con su firma la venta de tierras" y paralelamente les requerirá que expliquen "cómo se llevó adelante toda la venta de tierras desde el mes abril de 2016 hasta la fecha".

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