Un dirigente sindical detenido con un arma quedó en libertad después de ser imputado

El secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción, Rubén Darío Crespo, fue imputado ayer por portación de arma de fuego de uso civil y recuperó la libertad.

El secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción, Rubén Darío Crespo, fue imputado ayer por portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y recuperó la libertad. La Fiscalía pidió la prisión preventiva y el juez la rechazó tras otorgar dos meses de investigación y prohibirle la salida de la provincia mientras dure la investigación.
La audiencia de control de detención y apertura de investigación contra Rubén Darío Crespo (40) se desarrolló ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y estuvo presidida por el juez penal, Mariano Nicosia. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la funcionaria, Camila Sánchez Almirón, mientras que el detenido recibió la asistencia técnica de los defensores particulares, Mauro Fontéñez y Daniel Fuentes.
En ese marco, la acusadora pública pidió que se declarara legal la detención de Crespo y pidió que se formalice la apertura de investigación preparatoria en su contra por el delito de portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal. Ello, por el incidente que protagonizó durante los primeros minutos de la madrugada de ayer, cuando fue interceptado por la policía de la Seccional Tercera en una Toyota Hilux negra (dominio CPX 792), con la cual minutos embistió a dos vehículos que estaban estacionados y se dio a la fuga.
La funcionaria además recordó que Crespo tiene una condena de 15 días por el delito de daño. Es por el episodio ocurrido en la Municipalidad durante la intendencia de Néstor Di Pierro, en febrero de 2012, cuando una grupo ingresó de manera violenta y destruyó las instalaciones.
Además, Crespo está a la espera de un juicio por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, debate sobre el que todavía no se fijó fecha, ni tribunal.
En razón del peligro procesal de fuga que advirtió la acusadora pública fue que solicitó el dictado de la prisión preventiva de sindicalista, algo a lo cual se opusieron los defensores que acreditaron arraigo en esta ciudad, domicilio, función gremial y aportaron recibos de sueldo.
Tras escuchar a las partes el juez rechazó la prisión preventiva y ordenó la libertad, aunque durante los dos meses que otorgó para investigar, el imputado no podrá salir de la provincia sin autorización judicial.

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