Un fiscal dejó que venciera el plazo de la causa contra un jefe policial y la Justicia confirmó su sobreseimiento

La causa por la cual el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, felicitó a funcionarios de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia por haber advertido una presunta connivencia entre un jefe policial y delincuentes, quedó impune porque Héctor Iturrioz, el fiscal general al que se la asignaron, no avanzó con la acusación en tiempo y forma ni solicitó una prórroga. Recién a los 55 días de haber vencido el plazo presentó la misma, por lo que el Superior Tribunal de Justicia terminó confirmándole el sobreseimiento al sospechoso.

El ex jefe de la Seccional Quinta, Waldemar Ferreira, quedó sobreseído en la causa donde se lo investigaba por presunta protección de delincuentes que operaban en su jurisdicción. Es que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó esa decisión que, ajustada a derecho, en primera instancia tomó la juez penal de Comodoro Rivadavia, Gladys Olavarría, tras el pedido que realizó la defensa del imputado. A esa situación se arribó después de que el fiscal general, Héctor Iturrioz, dejara transcurrir el plazo de investigación sin presentar la acusación dentro de los tres meses fijados.
Iturrioz juró como fiscal general el 5 de agosto de 2014 y a los nueve días de haber tomado el puesto le asignaron la causa que tenía como sospechoso al ex jefe de la Seccional Quinta, Waldemar Ferreira, sobre quien surgieron indicios de una presunta protección a por lo menos un delincuente conocido del barrio 30 de Octubre: Mario Rolando Chini.
Esa situación fue advertida por funcionarios de Fiscalía que incluso fueron felicitados públicamente por el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, aunque la investigación la condujo el fiscal general.

UN AÑO JUNTANDO PRUEBAS
A lo largo de un año se avanzó en las averiguaciones preliminares y se reunieron pruebas para que el titular de la acción pública solicitara la apertura de investigación contra el subcomisario, algo que ocurrió el 9 de noviembre de 2015. La juez natural fue Gladys Olavarría y la calificación jurídica que escogió el fiscal fue la del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con privación abusiva de la libertad.
En ese acto inicial la juez otorgó el plazo de tres meses para culminar la investigación y es sabido que vencido el mismo, sin la presentación de la acusación opera el sobreseimiento del sospechoso. De todas maneras, antes de que ocurra ello el fiscal tiene la posibilidad de pedir una prórroga de la investigación y fundarla. Nada de ello ocurrió en ese caso. No se solicitó prórroga, ni se presentó la acusación en tiempo y forma.

¿EL FISCAL INCURRIO EN un DELITO?
Al cabo de un mes de haberse computado el vencimiento del plazo de la investigación, la defensa del subcomisario solicitó el sobreseimiento y enterado de ello, a los 55 días de haber vencido la causa recién el representante del Ministerio Fiscal presentó la acusación. Ese olvido en una causa tan importante obliga a preguntarse si el fiscal incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El 27 de abril del año pasado finalmente se llevó a cabo la audiencia en la Oficina Judicial y el abogado Francisco Romero le solicitó a la juez natural el sobreseimiento de su pupilo, algo a lo cual la juez hizo lugar.
Tras esa situación, el fiscal Iturrioz le aseguró a El Patagónico que la misma estaba amparada por el artículo 282 del Código Procesal Penal, el cual fija el plazo máximo de investigación en seis meses y aunque él sabía que ese no fue el tiempo que se le otorgó al formalizar la causa, aseguró que "existen cuatro antecedentes con sentencia firme" que avalan su postura, por lo que estaba convencido de que un tribunal de alzada revocaría el sobreseimiento, algo que en realidad no ocurrió.

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