Un intendente y un diputado denunciados por encubrimiento de trata de personas

El intendente Antonio Tomasso y el Diputado por el Pueblo Daniel Gardonio junto a otros funcionarios de la localidad de San Julián fueron denunciados por encubrimiento de casos de trata de personas y prostitución. La denuncia se realizó por parte de la organización no gubernamental "La Alameda".

Los funcionarios municipales señalados en la causa de trata de personas en San Julián son acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, facilitación de la prostitución y encubrimiento de redes de prostitución y trata de personas.

Según publican medios santacruceños, los señalados por una denuncia de la organización no gubernamental, "La Alameda" son: el Intendente Antonio Tomasso y el Diputado por el Pueblo Daniel Gardonio, además de otros funcionarios de menor rango de la Municipalidad de Puerto San Julián.

La investigación que tiene a cargo la jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yañez, se inició en el mes de julio después de que se llevaran adelante importantes procedimientos judiciales en la ciudad de San Julián donde se detuvieron una serie de personas en ocho allanamientos en tres viviendas y cinco locales nocturnos denominados "Pub La Reina", "Whiskería Los Grillos", "Whiskería Puerto San Julián", "Pub Tsunami" y "Pub el Jolgorio", todo lo cual tuvo una amplia repercusión a nivel provincial aunque no así a nivel nacional.

En aquella oportunidad, detalló La Vanguardia del Sur, se rescataron a 18 mujeres de entre 20 y 35 años que se alojaban en viviendas dispuestas por los encargados de los locales nocturnos, encontrándose entre ellas extranjeras y argentinas en un operativo donde participaron gran cantidad de policías de la Federal, contándose con la colaboración de delegaciones de Esquel, Río Gallegos, Puerto Madryn y Rawson en una causa que se inició por una denuncia anónima realizada por vía telefónica por una línea 145.

Se supo posteriormente que de las 18 mujeres rescatadas, cinco eran argentinas, cuatro de nacionalidad paraguaya, una provenía de Brasil y ocho más eran de la República Dominicana.

Entre las pruebas que se analizan en el marco de la causa aparece la existencia de varios cuadernos de registros donde se anotaban los "pases" y se detallaba el intercambio de sexo por dinero dentro de los locales habilitados por la municipalidad y que los funcionarios tenían la obligación de controlar.

Por estas horas la Jueza Yañez definirá si llama a declarar a testigos o instruye medidas a efectos de corroborar la denuncia como asimismo decidir si la acumula a la causa madre de trata de personas o las resuelve por separado.

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