Un senador opositor es el primer político chileno que encarcelan por corrupción

Se trata de Jaime Orpis, representante de un partido de derecha vinculado al pinochetismo. La Fiscalía lo acusó de infringir sus deberes como parlamentario para beneficiar a la empresa pesquera Corpesca, de quien recibió entre 2009 y 2013 unos 337.000 dólares.

El senador Jaime Orpis, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), se convirtió ayer en el primer político encarcelado por corrupción en Chile desde el retorno de la democracia en 1990, después de que la justicia ordenara su prisión preventiva por delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios.
La inédita decisión de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones modificó las medidas cautelares que pesaban sobre el desaforado senador en ejercicio, que ya estaba en prisión domiciliaria.
La decisión de la corte fue tomada en forma unánime, luego de que la fiscalía presentara nuevas pruebas en contra del senador, declarándolo como "un peligro para la seguridad de la sociedad" y revocando así el arresto domiciliario mientras dure la investigación en el caso Corpesca, vinculada al financiamiento irregular de campañas políticas.
La Fiscalía acusó a Orpis de recibir unos 337.000 dólares de la pesquera Corpesca entre 2009 y 2013, infringiendo los deberes propios de su cargo para beneficiar a la empresa. Dicho monto habría sido dividido en pagos mensuales.
Además, aseguró que el senador facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, que permitieron a la empresa rebajar impuestos, y que defraudó al fisco por un monto cercano a 221.000 dólares, los que ya restituyó al Congreso.
Hasta su desafuero, en abril de 2016, Orpis se desempeñaba desde 2002 como senador por la región de Tarapacá y anteriormente había sido diputado.
Hace algunos meses, el parlamentario había renunciado a su militancia en la UDI tras reconocer el financiamiento irregular de sus campañas políticas.
En el caso Corpesca también resultó querellada la ex diputada por el norteño distrito Iquique Marta Isasi -hasta julio de 2010 de la bancada de la UDI, de la que luego se distanció y se integró a la del PRI-Independiente- por la recepción de unos 36.000 dólares provenientes de la empresa pesquera en 2009 para que la favoreciera en la votación de la Ley de Pesca, en 2011.
Asimismo, el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica fue acusado por presuntos delitos tributarios y de cohecho, relacionados con la financiación irregular de campañas políticas.

LEY SOSPECHOSA

La Ley de Pesca fue finalmente promulgada en 2013 con la oposición de los pescadores artesanales chilenos, quienes alegaron que la iniciativa "entrega durante 20 años los recursos pesqueros a empresas privadas", en desmedro de los trabajadores.
En la misma línea, manifestaron que el gobierno de Sebastián Piñera (2010-14) "regaló a perpetuidad", la propiedad del recurso pesquero del territorio nacional a "siete familias que dominan este estratégico sector de nuestra economía".
Corpesca es la pesquera más grande del país, con una producción anual que equivale a 6% de la oferta mundial de harina de pescado.
"La respetamos (la decisión) y la acatamos, hemos sido respetuosos de las resoluciones judiciales, hablé con él y durante la tarde se va a poner a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía y esperamos revertirlo a la brevedad, estamos a la espera de la resolución; será Gendarmería que disponga el lugar donde cumplirá la prisión preventiva", señaló el abogado de Orpis, Carlos Cortés.
"Quedamos conformes, creemos que es una resolución contundente, tres a cero de la Sala de la Corte de Apelaciones; se ha determinado que es un peligro para la sociedad, ese es el mensaje importante que se va a transmitir a la sociedad", sostuvo el abogado querellante Matías Ramírez.
El jurista añadió: "por la reiteración, la forma de comisión y el carácter de funcionario público la única medida acorde en este caso es la prisión preventiva".
En tanto, el abogado Manuel Naverrete aseguró que estaba "muy conforme con la resolución" porque "la defensa ha tratado que aquí no existan delitos tributarios sino que este es un tema solamente de platas políticas".
Agregó: "hemos demostrado que aquí hubo un delito de facilitación de documentación falsa durante varios períodos tributarios lo que implicó un perjuicio fiscal bastante elevado a nivel de la empresa Corpesca, que rebajó su base imponible, y por otro lado el senador recibió una cantidad de dinero bastante elevada".

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