Una juez aceptó el amparo de un centenar de familias damnificadas por el temporal

La juez Zulema Cano admitió uno de los tres recursos de amparo que presentaron un centenar de damnificados por el temporal y resolvió congelarles la facturación de los impuestos y servicios a partir del 29 de marzo. Los gobiernos provincial y municipal, el Concejo Deliberante, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y el Poder Legislativo tendrán cinco días para apelar el fallo.

Las abogadas de cien damnificados del temporal, Bruma Pelicón y Angela Terranova, quienes presentaron un amparo para que esas familias sean eximidas del pago de sus impuestos municipales y servicios de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, fueron notificadas ayer que la Cámara de Apelaciones había decidido, en segunda instancia, que la juez Zulema Cano se expida en torno al amparo.
La magistrada declaró admisible la acción y emitió una resolución por la cual no se le podrá cobrar impuestos inmobiliarios y servicios "hasta que se resuelva la cuestión de fondo" que hace a la reconstrucción de Comodoro Rivadavia.
Hay que recordar que en primera instancia nueve jueces y la propia Cámara de Apelaciones decidieron excusarse de actuar ante el amparo, lo que provocó una inmediata reacción y críticas a los magistrados.
"No entendemos porqué pero la Cámara de Apelaciones giró sobre sus propios pasos y se desdice de aquello que escribió y firmó. Sospechamos que el papel de la prensa por ahí tuvo algo que ver o la opinión del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guinle, que dijo que era un escándalo jurídico. No sabemos qué pasó para que la Cámara de Apelaciones cambie de opinión y obligue a la primera jueza (Zulema Cano) que no se inhiba para que se haga cargo del amparo. Los otros dos amparos quedaron radicados en el Juzgado Federal 1", sostuvo Pelicón.
"Estuvo bien la resolución. Hace lugar parcialmente a lo que pedimos, que es la excepción impositiva de todos los impuestos más que nada de la cooperativa, que son los más caros, y que carecen en la parte afectada porque todavía hay casas sin el servicio de cloacas y agua”, explicó.
La resolución, que lleva la firma de Cano, establece: “la eximición de impuestos inmobiliarios y de la cooperativa, sin un plazo, refiere que se extenderá hasta que se resuelva el proceso principal de amparo".
Asimismo, la abogada sostuvo que lo que resta es esperar una respuesta de los demandados – los gobiernos provincial y municipal, Concejo Deliberante, SCPL y Poder Legislativo- para que contesten el fallo.
Otro punto a tener en cuenta es que el primer amparo presentado por las abogadas contó con la participación de 70 vecinos, el segundo fueron 19 damnificados y el tercero fueron 11 personas. “El 80% fueron del Juan XXIII, algunos del Pueyrredón, Industrial, y tenemos una familia de Laprida”, detalló Pelicón.
Ademas, la representante de los damnificados sostuvo: "no se hizo lugar al pedido sobre el subsidio de 100 mil pesos para los vecinos. La idea era que ese dinero sea repartido en 10 cuotas de 10 mil pesos porque mucha gente tiene que irse a alquilar porque su casa no está habitable”, argumentó.

SE TERMINARON LOS PLAZOS

Pelicón también destacó que recibió muchas consultas luego que se avanzara con el recurso de amparo, pero los plazos procesales para nuevas presentaciones están vencidos. “Nosotros tomamos como fecha de inicio de los plazos procesales el comienzo de la catástrofe por lo que los días ya están agotados. Esto significa que los vecinos que no hicieron el reclamo en tiempo y forma no podrán verse beneficiados con esta medida que sacó el juzgado con respecto a los amparistas”, subrayó.
Asimismo, explicó que se le solicita a la Municipalidad que se acerque a los domicilios perjudicados para que puedan verificar los daños, pero esto muchas veces genera nuevas demoras. “La gente no va a estar con su casa destruida hasta que vengan a hacerle un relevamiento porque muchas de ellas comenzó a reconstruir su casa con sus propios medios. En algún lado tienen que vivir”, indicó.
En este sentido, aseguró que el único requisito para ser parte del amparo era vivir en una zona afectada. “Nosotros presentamos como única prueba el certificado de catástrofe, que es de dudosa validez y seriedad porque cualquier persona iba y decía 'Yo fui afectado' y ya está. La Municipalidad no fue seria respecto a hacer un verdadero control”, criticó.
"Hoy dicen que están haciendo un relevamiento, pero ya es tarde porque la gente que perdió todo no está conservando las cosas destruidas para que la Municipalidad le haga un inventario de las pérdidas”, agregó.

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