Una ordenanza de la dictadura regula el comercio sexual en Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia existen doce locales habilitados para el comercio sexual y 240 mujeres cumplen con las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas que impone el denominado "Rubro 7". Fuentes consultadas consideran que el número de ellas que se someten a los controles médicos es realmente bajo, por lo que es necesario impulsar una nueva normativa que permita controlar con mayor eficacia el sexo retribuido. Sin embargo, consideran que debe ser diferente a la ordenanza de "Trata Cero", que en los últimos meses sancionaron dos municipios de Chubut.

Después que en Esquel y Trelew se sancionaran ordenanzas de "Trata Cero" que como forma de combatir la explotación de personas impone el cierre de locales nocturnos de alterne -entre ellos cabarets, whiskerías, y todo aquel local donde se comercialice sexo-, la iniciativa podría llegar a otras ciudades de Chubut.
Sin embargo, existen quienes se preguntan qué tan efectivo puede ser este proyecto en una ciudad como Comodoro Rivadavia, teniendo en cuenta que la prohibición muchas veces solo funciona como ocultamiento y también como una forma de desregular actividades que deberían ser controladas con firmeza.
Ante la consulta de El Patagónico, según fuentes de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad, hoy en Comodoro Rivadavia "sólo 240 damas de sala" - tal como se la denomina en la ordenanza 920/81 que regula el funcionamiento de estos locales- trabajan en la ciudad con carnet sanitario habilitante en alguno de esos doce lugares autorizados.
Se presume que ese número es considerablemente bajo frente al porcentaje de las mujeres que ejercen también el comercio sexual tanto en las calles como en "departamentos vips" que no están habilitados y que se promocionan como peluquerías, manicuras y salones de masajes, ante la prohibición de publicidad que se impuso a los avisos con oferta sexual (decreto 936).
Esto lo reconoce el médico Carlos Catalá, subsecretario municipal de Salud, quien considera que es necesario aumentar la regulación. "Es cierto que no toda la gente que se dedica a esto hace un carnet sanitario. Entonces tenemos que pensar que mucha más gente se dedica como las que trabajan en los vips o en la calle", señaló.
"Igual más de 200 personas es un número importante, porque son las que tienen controles bimestrales que incluyen laboratorio de sangre, consulta con el ginecólogo y la toma de muestras para detectar alguna patología de transmisión sexual. Además de la obligatoriedad de la vacuna de la hepatitis B y detección de hepatitis C, pero es necesario que se puedan controlar más para que sea más eficiente", agregó.

LEGISLACIONES DEL SIGLO PASADO
Precisamente es en la Subsecretaría de Salud donde todos los viernes se emiten los carnets sanitarios que se utilizan para el denominado "Rubro 7". Allí las mujeres que llegan deben realizarse un control ginecológico, tomar muestras de sangre y realizarse análisis, resultados que luego irán a buscar a las mismas oficinas de Sarmiento al 600.
El objetivo es cuidar a la población. Por esa razón los carnets llevan el nombre real de la persona, pero también el de fantasía en caso de que lo tuviese, número de documento, domicilio, lugar de trabajo y nombre de quien es el encargado o dueño del local.
Luego es la Secretaría de Seguridad la encargada de realizar los controles y verificar que las mujeres que trabajan en algunos de estos doce locales habilitados hayan cumplido con su carnet sanitario y estén realizando su labor en condiciones.
Hoy esto se cumple a cuentagotas, por las mismas deficiencias que tiene el sistema, el cual en el siglo XXI funciona bajo una ordenanza de 1981. La misma es tan antigua y retrógrada que incluso las denomina "Damas de sala" y en ninguno de sus artículos menciona el sexo retribuido, sino que habla de "personal femenino para alternar una copa o un momento con los clientes", algo irreal a lo que sucede en el interior de esos locales que funcionan principalmente de noche.
Pese a esto es necesario aclarar que en los últimos años tuvo una mínima modificación, la cual roza más la discriminación que el control. Fue en junio de 2013 cuando el cuerpo del Concejo Deliberante, que el último miércoles dejó sus funciones, votó a favor de la modificación de la normativa, imponiendo a las "damas de sala" la obligación de ser argentinas para poder ejercer esa actividad en un claro repudio al ingreso ilegal de centroamericanas e inmigrantes limítrofes.
La modificación fue impulsada por el bloque del Frente para la Victoria, a través de una iniciativa del por entonces concejal Juan Pablo Luque, actual viceintendente de la ciudad. Así se cambio el inciso F del artículo 5.
La esperanza en ese momento era que se trabajara en una normativa nueva de la actividad. Sin embargo esto nunca pasó y terminó siendo un intento más, como aquel de agosto de 2012, cuando el mismo Concejo aprobó la ordenanza 10.577 referida a la venta irregular de bebidas alcohólicas. Esa herramienta se utilizó para clausurar los denominados departamentos vip, en los que se comercializa sexo además de alcohol.
Antes también hubo otros intentos, y quizás el más relevante fue el de la ex concejal y ex subsecretaria municipal de Salud, Judith Jozami, quien presentó un proyecto para la regulación del sexo retribuido que incluía la creación de una "zona roja".
La funcionaria que hasta el miércoles prestó servicios para el Ministerio de Salud de Chubut, fue consultada por este diario, tras la posterior sanción de las ordenanzas de "Trata Cero" y vio con buenos ojos la posibilidad de reimpulsar este proyecto.
"Yo creo que el proyecto hay que retomarlo porque también planteo que al blanquear la situación la trata de personas es mucho más controlable: las autoridades pueden ingresar a estos lugares y los que trabajan en la parte social también y al abrir los lugares trabajamos todos esos aspectos: consumo, prestación sexual, trata de personas", detalló.
"Este modelo está instalado incluso en España. No es un proyecto que dice vayan y abran vidrieras de sexo en una zona para liberarla, al contrario lo que se proponía era un fuerte trabajo sanitario hacia el interior de esa zona, pero de ninguna manera prohibirlo, porque fíjese que cuando se empezó a trabajar en la venta ilegal de alcohol eso generó que las mujeres y personas trans vuelvan a las esquinas", dimensionó.
"Entonces el objetivo es poder localizarlas, no para vigilar sino para trabajar y controlar los aspectos sanitarios y de seguridad. Pero si me pregunta qué es mejor o qué es peor, mi respuesta es que el tiempo nos dará algunas respuestas, lo que sí estoy segura es que cuando usted prohíbe las cosas no desaparecen se esconden debajo de las alfombras, pero nadie las controla", agregó.
El proyecto de Jozami llegó al recinto durante su primera gestión entre 2004 y 2008 y quedó en comisión. Su objetivo era generar un espacio de zonas rojas sanitarias, en donde se pueda ejercer el sexo retribuido con control, habilitando locales en un lugar estratégico que cuente con seguridad interna privada y seguridad policial en su exterior.
Según el trabajo serían los propios centros de salud los que controlarían las condiciones sanitarias de las mujeres, quienes a su vez administrarían su propia retribución con el objetivo de eliminar el proxenetismo. Incluso mencionaba la posibilidad de formar cooperativas de trabajo, y de manera paralela trabajar junto a las mujeres para ayudarlas a buscar otro camino en caso de que quisieran.
En su momento, el proyecto causó controversia, pero recibió el apoyo de ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, nunca fue tratado.
Para Jozami se debe a una simple razón: "creo que hay que tener mucha convicción y fuerza política en el momento en que uno levanta la mano en estos temas que son tan censurados por quienes más lo consumen".
"Hay intereses económicos muy fuertes no solo detrás de lo que es la oferta sexual, sino también de la venta de alcohol y otras sustancias que ni le cuento. Si bien nadie de los sectores de poder va a reconocerlo lo real es que hay que salir de la hipocresía: el sexo retribuido existe de antes de Cristo y es algo que no se va a ir porque una persona no tiene vínculos, no tiene relaciones, pero tiene deseo sexual porque es parte de la naturaleza, busca alguien con quien hacerlo y qué mejor que esa persona no transmita sanitariamente riesgos", argumentó.
"Por todo esto es que aquello que prohibimos, sino lo prohibimos en una forma reglamentada, dando opciones, no va. El sexo y las drogas son factores de placer, están en el mundo, entonces hay que trabajar para poder regularlo sanitariamente y tratar de disminuir el consumo en una forma saludable", agregó al recordar que en el momento que impulsó el proyecto había 430 mujeres registradas con carnet sanitario.

PROSTITUCION y TRATA
Con esta oposición de Jozami coincide Catalá quien admite que el proyecto era interesante en lo genérico, ya que permitiría tener mayor control y a diferencia del proyecto de "Trata Cero", tampoco se perdería de controlar sanitariamente a las mujeres que decidieron ser responsables en su cuidado, ya que al eliminar los locales nocturnos no necesitarían un carnet.
"Eso hay que tenerlo en cuenta, si a las chicas las tenemos controladas, están vacunadas y tienen su carnet es positivo. A mí me preocupan más otras cuestiones, como la trata de personas, el consumo de alcohol u otro tipo de droga que puede andar dando vuelta", explicó.
"Además van a trabajar igual. Entonces lo que yo me tengo que asegurar es que tengan estos controles, que no son los mismos para quien trabaja detrás de un mostrador o un remisero que le dura un año", agregó Catalá sobre el carnet sanitario.
"También hay que tener en cuenta que la ley dice que cuando uno es mayor de edad puede elegir de qué trabajar. Entonces hay que detectar cuáles son situaciones de trata y cuáles no porque hay situaciones que son voluntarias. Y ahí no es una cuestión de trata de personas", sentenció.
Bajo esa misma línea de pensamiento se posicionó la Cátedra Abierta de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que a través de un comunicado señaló que es "imprescindible aclarar que prostitución no es sinónimo de trata" y que en "esta sociedad capitalista y patriarcal" la prostitución "suele ser una alternativa para muchas personas".
Por esa razón considera "que en estas circunstancias se debe proteger la salud e integridad de las mujeres en situación de prostitución, aminorando los diferentes riesgos que implica su tarea".

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