Unos 9.000 militares patrullan Río ante posibles motines y protestas sociales

El ministro de Defensa de Brasil no descartó que los militares puedan actuar en la protesta social contra las privatizaciones.

Nueve mil militares comenzaron ayer a patrullar las calles de Río de Janeiro como forma de garantizar la seguridad pública, pero también con el ojo puesto en posibles huelgas o motines de la fuerza policial y en las protestas sociales contra las privatizaciones.
A través de un decreto publicado ayer en el boletín oficial, el presidente Michel Temer autorizó la intervención de las Fuerzas Armada en Río de Janeiro, a pedido del gobernador Luiz Fernando Pezao, hasta el miércoles 22, es decir, antes de las masivas celebraciones del carnaval carioca.
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, dijo en conferencia de prensa que la actuación militar no responde a las amenazas de huelga que la policía de Río de Janeiro ha realizado en los últimos días, luego del paro de ocho días que hicieron los agentes del vecino estado de Espirito Santo, que generó una crisis de seguridad con 131 homicidios.
"No existe ningún descontrol, ninguna deficiencia o indisposición por parte de las fuerzas de seguridad para garantizar la ley y el orden. El efectivo policial ahora es del 97% en las calles. Hay protestas pero no ha impedido que los policías trabajen. Son informaciones de nuestro sector de inteligencia. Es diferente a lo de Espiritu Santo", dijo Jungmann.
Esposas de policías de Río de Janeiro realizaron protestas en reclamo de mejores salarios y el pago del aguinaldo atrasados.
Pero, además, el pedido del gobernador Pezao coincidió con un pedido de la cúpula de la policía que había estimado que la protesta iba a limitar el patrullaje frente a la Asamblea Legislativa, donde unos 5.000 manifestantes protestaban ayer contra la privatización de la empresa de saneamiento de Río -la Ceade-, una condición de Temer para desembolsar ayuda federal de 1.000 millones de dólares.
Pese a que el gobernador pidió a las Fuerzas Armadas para el carnaval, el decreto de Temer limita la actuación de los militares hasta el 22, con posibilidad de prórroga, según el propio ministro Jungmann.
Los militares en Río de Janeiro tienen la principal base de las tres fuerzas en el país y tuvieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos la misión de patrullar la ciudad al lado de la policía.
En Espiritu Santo, un militar fue acusado por las familias de haber asesinado a un joven durante un operativo en el que el Ejército reemplazó a la policía amotinada, huelga por la cual están siendo procesados 121 agentes actualmente.
Temer admitió que los policías no pueden sindicalizarse ni hacer huelga y ayer abundó en el asunto al afirmar que "en Brasil hay un cierto desprecio por la Constitución", justamente él, abogado constitucionalista.
"Lamentablemente, en Brasil tenemos la costumbre de tener un cierto desprecio por la Constitución", dijo ayer en un acto oficial en el que determinó la liberación unos 9.000 millones de dólares que estaban congelados por distintos motivos del fondo de garantías, un beneficio que el trabajador tiene en una cuenta bancaria y que es esperado como un inyector del consumo entre los desocupados y despedidos hasta fines de 2015.
El ministro de Defensa no descartó que los militares puedan actuar en la protesta social contra las privatizaciones.

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