Usurpaciones de cientos de viviendas en Caleta Olivia siguen generando protestas

Aún no hay ninguna resolución firme por parte de la Justicia provincial en torno a la masiva usurpación de viviendas de planes oficiales que se produjo en octubre de 2015 en esta ciudad. En tanto, continúan sucediéndose protestas de familias que quedaron marginadas, pero también lo hacen quienes las ocuparon ilegalmente.

Caleta Olivia (agencia)

A hora temprana de ayer, una veintena de mujeres inscriptas en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) se manifestaron frente al edificio donde funcionan las Fiscalías y los Juzgados de instrucción, sito en la esquina de las calles Yrigoyen y Guttero.
La protesta comenzó alrededor de las 9 en forma pacífica, pero luego de algunos minutos decidieron cortar el tránsito vehicular por la primera de las vías de circulación mencionadas.
Concretamente exigían al juez Mario Albarrán que firme la orden de desalojo de unas 250 casas usurpadas en los barrios Rotary 23 y Centenario, cuya construcción estaba paralizada y que se habían encarado por operatorias del IDUV y del municipio, en este último caso a través del plan nacional Techo Digno.
Según sus dichos, ya habían dialogado con el fiscal Martín Sedán, quien les manifestó que solo restaba la firma del juez para que se procediera al desalojo.
Adicionalmente pidieron que se procediera de igual manera con quienes hace pocas semanas recibieron viviendas de manera irregular por parte del municipio en otro barrio ubicado en la zona de chacras.
"Somos 1.200 personas inscriptas en los padrones del IDUV y pedimos desalojos para que las viviendas sean entregadas como corresponde", sintetizó una de las voceras.

LOS OCUPANTES
En tanto, quienes dicen haberse visto forzados a ocupar viviendas también argumentan tener "derecho a una vida digna", y justamente a media tarde de ayer se produjo una concentración de familias en el sector de las 187 que esas mismas familias bautizaron como barrio "Esperanza".
La reacción espontánea se produjo cuando llegó una comisión policial que supuestamente iba a asegurar el ingreso de personal de la empresa provincial Servicios Públicos para cortar cables de energía conectados clandestinamente.
Los vecinos se reunieron junto a columnas de hormigón que sostienen un transformador y allí mismo enarbolaron algunas banderas y construyeron un improvisado refugio, a fin de mantener guardias permanentes y alertarse mutuamente, en tanto circulaban móviles policiales por las inmediaciones.
Los mismos rechazan que se los califique de "usurpadores" y se defienden diciendo que esas casas estuvieron abandonadas por más de cinco años, debido a irresponsabilidades de los funcionarios de turno.
La mayoría asegura tener carpetas en el IDUV, o haberse inscripto en el municipio para el plan Techo Digno, y que se cansaron de esperar sin que nadie se hiciera eco de sus necesidades básicas.
Señalan también que tuvieron que hacerse cargo de reparaciones y completar la colocación de pisos, ventanas y otros trabajos de infraestructura, pero además aseguran que ellos mismos desalojaron a gente oportunista que tomó casas y solo las ocupaba de manera periódica.

FISCAL PIDIO DESALOJOS
Por su parte, en declaraciones que ayer hizo a la prensa, el fiscal Martín Sedán detalló todos los pasos legales que realizó desde ese ministerio público a partir de octubre de 2015 cuando tanto el IDUV como el municipio (en la gestión de José Córdoba) presentaron denuncias por las usurpaciones. En ese sentido, indicó que se corroboró que las familias que ocuparon viviendas actuaron de manera clandestina y por lo tanto ilegítima.
Al mismo tiempo, señaló que de su parte solicitó al juzgado de instrucción (a cargo de Mario Albarrán) la aplicación del artículo 222 bis del Código Penal que hace poco tiempo fue incorporado al Código de Procedimientos de esta provincia, el cual permite acelerar los procesos de intimación y desalojo.
También reveló que desde el citado juzgado se consideró que era necesario "recabar más pruebas", lo cual derivó en la realización de informes socio ambientales de las familias ocupantes y del porcentual de construcción que tenían las viviendas.
Cumplimentado este requisito, su ministerio público reiteró el pedido de aplicación del artículo 222 para la recuperación de los bienes e incluso que diera intervención a organismos vinculados con la protección de niños y adolescentes.

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