Viedma: prohíben a la policía detener a menores de edad

La prohibición para que la autoridad policial pueda detener a menores sin causa evidente se confirmó en un dictamen favorable el Ministerio Público Fiscal tras la presentación de un recurso de amparo en la localidad rionegrina.

La procuradora general, Silvia Baquero Lazcano sostuvo la sentencia del amparo que efectuó la defensora de Menores donde pedía el cese de detención de niños y niñas en Viedma.

La prohibición para demorar menores sin causa evidente obtuvo dictamen favorable desde el Ministerio Público Fiscal, y ahora el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver al respecto.

La sentencia del juez del amparo se emitió en el marco de la causa iniciada a partir de la interposición de un hábeas corpus efectuada por la defensora de Menores, Patricia Arias-indicó Río Negro-; allí se solicitó el cese de la detención o demora de niñas, niños y adolescentes en la vía pública por parte de agentes policiales.

La Fiscalía de Estado se había expresado en contra del fallo, quienes indicaron que se "colocaba a los agentes policiales en estado de pasividad", solicitando por lo tanto al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revoque la misma, despejando así dudas sobre el accionar policial n esto tipo de casos donde estén involucrados los menores de edad.

Por su parte, la titular del Ministerio Público, destacó en su dictamen que la presentación del organismo del Poder Ejecutivo es "desacertada" y sus argumentos "pretenden sin éxito, direccionar el debate a la actuación policial una vez realizada la detención de un menor sin la orden pertinente, sobre un sector de la población juvenil con acentuada marginalidad social".

"Las demoras de los niños no deben ser justificadas por condiciones fácticas, a las que añado –dijo la magistrada– cuestiones de clase social o apariencia física del menor", y consideró que agrega "el error conceptual en el que incurre tanto la Policía como la Fiscalía de Estado es confundir reiteradamente lo que es la tarea de prevención y de seguridad, con lo que es protección de menores".

La defensora general, Rita Custet también se manifestó al respecto y afirmó que "si analizamos la causa que dio origen al presente proceso, no advierto siquiera que se haya tratado de jóvenes en riesgo.Por el contrario, se trata de privación ilegal de la libertad ambulatoria de adolescentes que circulan por la vía pública sin que se exponga riesgo alguno, que en todo caso nunca habilita la privación de la libertad".

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