Un jurado popular será el encargado de analizar la prueba y definir si un hombre es responsable de abusar de su sobrina adolescente de 14 años y llevarla al suicidio. Así lo definió la Justicia en las últimas horas. El abuso habría ocurrido en julio de 2024.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo fue quien avaló el requerimiento de apertura a juicio por jurados, como fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal, y descartó la posición de la defensa del presunto abusador -identificado como "J.C.F"-, la cual sostuvo que no se cuenta con elementos probatorios suficientes para incriminar al imputado y que la causa sea elevada a juicio.

“Para la defensa sería difícil la acreditación del hecho, pero será su trabajo en juicio sostener esta contradicción que plantea. Deben escucharse testigos y hechos, y para ello se debe ir a juicio”, sostuvo Borgonovo.

De acuerdo a la teoría del caso que presentaron el fiscal jefe Gastón Liotard y la asistente letrada Valeria Ceballos, el 22 de julio de 2024 en Plaza Huincul, el imputado llegó a la vivienda que compartía con la niña -y la madre y una hermana de ella- y cuestionó a la joven por un movimiento de dinero en su cuenta bancaria.

Luego, la agredió sexualmente, situación que, de acuerdo a lo manifestado por la fiscalía, determinó que la víctima tomase la decisión de quitarse la vida en los días siguientes.

Durante la audiencia de control de acusación que se desarrolló el lunes, el fiscal jefe y Ceballos enunciaron los testigos que brindarán su declaración en el juicio de responsabilidad y los elementos probatorios recabados. Además, adelantaron que, de llegar a un veredicto de responsabilidad -como creen que ocurrirá-, requerirán una pena superior a los 15 años de prisión y, en esas circunstancias, solicitaron que se dé intervención a un jurado popular.

La calificación legal definida y por la que el imputado llegará a juicio es la de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años de edad, aprovechándose de la condición de convivencia preexistente.

Con el aval y la elevación a juicio dictada por el magistrado, la Oficina Judicial deberá fijar el debate y las fechas para las audiencias de preparación previas.