Natalia Menéndez, referente local del sector, advirtió que las obras sociales dilatan las autorizaciones para iniciar tratamientos y mantienen honorarios sin actualización real desde hace seis meses, lo que pone en riesgo la continuidad de las terapias y la subsistencia de los profesionales.
La acompañante terapéutica Natalia Menéndez expuso públicamente la situación crítica que atraviesan quienes brindan esta prestación en la ciudad. Según detalló en diálogo con radio La Petrolera, las obras sociales demoran hasta 90 días en autorizar los tratamientos que necesitan niños, adolescentes y personas con discapacidad.
“Hay familias que no pueden esperar tres meses para que sus hijos comiencen las terapias; el derecho a la salud no admite esa demora”, subrayó. A la traba burocrática se suma la falta de actualización de aranceles. “Desde diciembre de 2024 no recibimos un aumento significativo; el último ajuste fue de apenas 2 %, algo realmente vergonzoso”, afirmó.
Los atrasos en los pagos —que en muchos casos superan los 60 días luego de facturada la prestación— agravan el panorama. “Trabajamos con amor, pero también tenemos familia que mantener; llevamos años ‘remando’ esta profesión”, comentó Menéndez, quien ejerce desde hace 17 años.
El colectivo de acompañantes terapéuticos reclama:
- Agilidad en las autorizaciones para evitar interrupciones de tratamiento.
- Actualización inmediata y retroactiva de los aranceles, acorde con la inflación acumulada.
- Cumplimiento en tiempo y forma de los plazos de pago fijados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
“Necesitamos más empatía y compromiso de las obras sociales —concluyó—; nuestra labor es clave para la inclusión y la calidad de vida de cientos de familias”.