En medio de crecientes tensiones políticas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica tras designar a integrantes de su círculo más cercano en cargos estratégicos dentro del Correo Argentino y la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).

Según trascendió, los funcionarios nombrados no solo forman parte de su entorno de confianza, sino que además perciben salarios que rondan los 6 millones de pesos, superando incluso la remuneración del presidente Javier Milei.

Entre los nombres destacados aparece Aimé Ayelén Vázquez, considerada una figura clave dentro del armado político de Adorni, quien asumió funciones en el directorio del Correo Argentino mientras mantiene vínculos con el sector privado.

A su vez, otros funcionarios como Federico Sicilia e Ian Lionel Vignale también fueron incorporados a la estructura, este último con la particularidad de haber acumulado cargos simultáneos dentro del Estado, una práctica que volvió a encender el debate sobre la transparencia en la administración pública.

En la misma línea, el abogado Pablo Leandro Ciocchini también habría sostenido funciones en distintos organismos en paralelo, lo que profundizó las críticas hacia el esquema de designaciones.

En simultáneo, la situación se complejiza por el avance de una investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información sobre sus bienes, incluyendo inmuebles y movimientos migratorios, con el objetivo de determinar si existe coherencia entre sus ingresos declarados y su nivel de vida.

Uno de los puntos más sensibles del expediente se centra en la compra de una vivienda en el barrio de Caballito, que habría sido adquirida por un valor inferior al de mercado, mediante un esquema de financiamiento no convencional.

Frente a las consultas por estas designaciones y los altos salarios, desde el Gobierno evitaron dar explicaciones públicas, lo que alimentó aún más las críticas y el malestar en distintos sectores.

El caso, además, reavivó el debate sobre el discurso de austeridad impulsado por la administración nacional, en contraste con la estructura salarial de altos cargos en organismos estatales.

Las designaciones no solo implican nombramientos administrativos, sino también el control de áreas estratégicas. En particular, la Agencia de Publicidad del Estado —que reemplazó funciones de la ex Télam— concentra la gestión de la pauta oficial, lo que refuerza el poder político dentro de la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, mientras avanzan las investigaciones judiciales, el foco político se posa sobre el manejo de recursos, los nombramientos en el Estado y la coherencia entre el discurso oficial y las prácticas de gestión.