La discusión la mantuvieron el gerente y el subgerente del distrito local de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Gustavo Fernández y Samuel Olivera, respectivamente, con una veintena de propietarios de camiones particulares que en la mañana de este lunes acudieron a las oficinas de la empresa provincial luego de que por expresas directivas del gobierno provincial les cerraran los cargaderos a fin de priorizar la distribución de agua por red para la comunidad.

Caleta Olivia tiene tres fuentes de abastecimiento: acueducto Lago Muster (máximo de 500 m3/h); Planta de Osmosis Inversa (280 m3/h) y Pozos Acuíferos de Cañadón Quintar (250m3/h). Pero la totalidad de ese caudal está al límite en relación al consumo debido a pérdidas por roturas y frecuentes cortes en el caudal que proviene del sistema del lago Musters.

En gestiones anteriores, SPSE había puesto restricciones a los camioneros que venden el agua a costos que van desde los 25 a los 35 mil pesos los mil litros y de alguna manera esas situaciones se fueron superando al acordarse que parte de las cargas fueran entregadas de manera gratuita a sectores de la comunidad que afrontaban emergencias.

Pero esta vez las restricciones son más duras y solo se permiten cargas a camiones que están afectados al abastecimiento de plantas pesqueras, hospitales, clínicas, escuelas y otros edificios públicos, incluyendo requerimientos del municipio.

Además, la empresa estatal avanza en la construcción de un nuevo cargadero en el barrio Bicentenario que ya no será libre de uso como el que se creó durante la época de la pandemia del Covid y que además tendrá vigilancia permanente.

El que sigue habilitado es el del barrio 3 de Febrero y si bien está destinado a vecinos que se abastecen con bidones o cubas, la empresa detectó que en horas nocturnas lo utilizan algunos cisternas de gran porte.

ACUSACIONES CRUZADAS

Los propietarios de camiones de reparto particular están indignados porque se les cercena una fuente laboral y también porque se los acusa literalmente de “robar” agua argumentando que ellos prestan un servicio a la comunidad, sobre todo en sectores urbanos donde el agua por red no llega durante muchos días.

Por ahora no hay definiciones en torno a esta problemática, a pesar de que los choferes propusieron establecer un pago de referencia de 10 mil pesos cada mil litros. Señalaron que “nosotros estamos para colaborar con SPSE donde el agua no llega; no somos un enemigo”, tras lo cual se dirigieron hasta el Concejo Deliberante para plantear la situación.

Por su parte, el gerente distrital Gustavo Fernández atribuyó la escasez de agua principalmente a los permanentes cortes en el caudal que proviene del Muster, así como a las pérdidas por roturas de antiguas cañerías.

Consecuentemente, hasta que no haya un suficiente remanente para que puedan cargar los camioneros, se mantendrán las restricciones para ellos, añadiendo además que sería conveniente que el Concejo Deliberante estableciera una tarifaria como la que rige para taxis, remises y comercio en general.

Finalmente, el funcionario indicó que los camioneros tienen otras fuentes de abastecimiento como Pico Truncado (a 55 km) y Jaramillo (a 120 km), aunque ello implica que se incrementen los costos para quienes se vean obligados a comprar agua.