Al fin pudo sesionar el Concejo de Caleta

El cuerpo deliberativo comunal de esta ciudad no sesionaba desde hace más de un mes porque no lograba reunir el mínimo de tres ediles ante sistemáticas y suspicaces ausencias y, en otros casos, por las medidas de fuerza de taquígrafos. Finalmente ayer pudo hacerlo en un reducido recinto del mismo edificio legislativo y en el orden del día se unificó el temario de tres sesiones ordinarias.

Caleta Olivia (agencia)

Asistieron los dos referentes de lineamientos vinculados a la Alianza Cambiemos, Javier Aybar (presidente) y Liliana Andrade, y el único edil que quedó en representación del PJ-FPV, Pablo Calicate.

En tanto, el díscolo Rubén Martínez (Cambiemos) no es visto en público desde que dio parte de enfermo sin certificado médico, pero llamativamente hizo gestiones para que en la inmediaciones del Concejo se instalara un consultorio oftalmológico popular a fin de posibilitar que algunos vecinos pudieran acceder a la compra de lentes a precios accesibles.

A poco de comenzar la sesión, Calicate lanzó fuertes críticas al intendente Facundo Prades porque desde hace muchos meses no contesta pedidos de informes en torno al destino de fondos públicos que recibió y otorgó el Departamento Ejecutivo.

“Es nuestra función saber cómo se administran los fondos municipales” disparó el edil justicialista, citando como ejemplo que se desconocen de dónde provinieron los que utilizó para construir una red de gas en el barrio 150 Viviendas.

“Tampoco contesta los pedidos que le hemos hecho respecto a la situación de la empresa (de colectivos urbanos) Maxia para saber si ésta cumple con lo pactado en el convenio de prestación de servicios en cuanto a que debería haber comenzado a devolver a partir de abril de 2018 una suma de 400 mil pesos por aquel discutido anticipo que se le hiciera de 9,7 millones”, puntualizó, añadiendo que ahora se habla de que se le va a incrementar el subsidio pero Prades nada informa al Concejo.

Reclamó también informes sobre el origen de la deuda con la empresa Telecom, de los fondos utilizados para un albergue y sobre las rendiciones que se deben elevar al Tribunal de Cuentas de la provincia.

UN JUEZ NIEGA INFORME

En otro pasaje de la sesión, por secretaría se dio lectura a una nota que enviara el juez de Instrucción N° 1, Mario Albarrán, en respuesta a un requerimiento que desde el cuerpo deliberativo se le formulara para conocer formalmente si en ese juzgado existían denuncias penales contra el concejal Rubén Martínez por presuntos casos de abuso sexual.

En términos generales, amparándose en normativas vigentes, el magistrado contestó que “no resulta posible brindar la información solicitada y/o información sobre causas que eventualmente pudieran tramitarse en esa sede judicial”.

Para refrendar su postura, Albarrán citó que hacia prevalecer lo normado por el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Cruz, a través del cual se establece que “los sumarios serán siempre secretos para extraños al proceso penal”.

Por otro lado, argumenta que toda información de una investigación que se torne pública puede llegar a “dañar la imagen del imputado a favor del cual rige el estado de inocencia”, y además podría ponerse “en la picota pública a un imputado que todavía no soporta el peso de una acusación, sin haberse determinado aún si debe ser sometido a juicio”, a lo que sumó la necesidad de preservar los derechos e intimidad de testigos y víctimas.

Ante esta respuesta, el concejal Calicate volvió a hacer uso de la palabra y mocionó elevar el requerimiento al Tribunal Superior de Justicia, logrando el voto afirmativo de Andrade, en tanto que Aybar se expidió en contra.

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