Alejandro Panizzi dice que fui porque me lo pidió la Iglesia"
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, defendió su intervención en el conflicto desatado en Leleque, que aclaró solo tuvo como objetivo "buscar apaciguar los ánimos y evitar una tragedia mayor", y advirtió que si los interlocutores con los que habló el viernes tenían capucha "eso era un detalle menor". En tanto, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina condenó el "desalojo y represión violenta de la comunidad mapuche".
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, se defendió ayer de la acusación realizada temprano por el gobernador Mario Das Neves, quien consideró que el magistrado cometió un error al dialogar y darle la mano el viernes, en una reunión con la comunidad mapuche, a un encapuchado.
Lo comprendo al gobernador porque tal vez piensa que fui a esta reunión con la intención de subrogar competencias que son del Ejecutivo, algo que está lejos de lo que ocurrió. Fui porque me lo pidió la Iglesia y otros organismos y con la intención de apaciguar los ánimos en un momento álgido del conflicto, explicó.
En diálogo con Radio Del Mar, el ministro aseguró que el viernes, cuando se hizo el encuentro, la situación estaba absolutamente desmadrada. Acepté la invitación para proponer un canal de diálogo y para exhortar al cese de violencia en ambas direcciones, apuntó.
El miembro del máximo organismo judicial de la provincia indicó que su presencia en el lugar contó con el apoyo de los otros dos miembros del Superior que están en la comisión de receso, y se refirió al cuestionamiento del gobernador respecto de las personas encapuchadas.
Ellos dicen que están encapuchados porque los siguen con drones y teleobjetivos poderosos. Yo los fui a visitar en un momento muy complicado; no les puedo pedir que se saquen la capucha porque eso era tirar más nafta al fuego. Desde ya que si algún día los convoco, los recibiré sin capuchas, pero en ese momento era un tema absolutamente menor, advirtió.
OTRA CONDENA
En tanto la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que integra el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, Héctor Simionati, emitió ayer un pronunciamiento expresando su enérgico repudio a la represión que se llevó a cabo contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, ubicada a 100 kilómetros de Esquel, Chubut, que reclama la tenencia de tierras ancestrales
Lo que ocurre por estas horas en Cushamen es la militarización del lugar y una sangrienta represión de toda una comunidad, la que incluyó a hombres, mujeres y niñas y niños, heridos/as por golpes, por balas de goma y de plomo, acusados de modo tan erróneo como perverso de ser 'terroristas', manifestó ADPRA.
La Asociación, antes de repasar el rango constitucional que tienen las tierras y los derechos pre existentes de los pueblos originarios de las mismas, recordó que día antes de la represión el juez federal Guido Otranto dio una orden para liberar las vías donde transita el tren turístico La Trochita.
"La medida judicial se efectivizó con 200 gendarmes quienes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que está establecida la comunidad Cushamen. Luego intervino la policía provincial realizando allanamientos sin orden judicial, según relatan miembros de la comunidad. El operativo que incluyó golpes y lesiones a niños y niñas, debe ser calificado como un acto de 'violencia institucional', por lo desmesurado y por haber sido efectuado con prácticas contrarias a la Ley y al derecho", concluyeron.
Lo comprendo al gobernador porque tal vez piensa que fui a esta reunión con la intención de subrogar competencias que son del Ejecutivo, algo que está lejos de lo que ocurrió. Fui porque me lo pidió la Iglesia y otros organismos y con la intención de apaciguar los ánimos en un momento álgido del conflicto, explicó.
En diálogo con Radio Del Mar, el ministro aseguró que el viernes, cuando se hizo el encuentro, la situación estaba absolutamente desmadrada. Acepté la invitación para proponer un canal de diálogo y para exhortar al cese de violencia en ambas direcciones, apuntó.
El miembro del máximo organismo judicial de la provincia indicó que su presencia en el lugar contó con el apoyo de los otros dos miembros del Superior que están en la comisión de receso, y se refirió al cuestionamiento del gobernador respecto de las personas encapuchadas.
Ellos dicen que están encapuchados porque los siguen con drones y teleobjetivos poderosos. Yo los fui a visitar en un momento muy complicado; no les puedo pedir que se saquen la capucha porque eso era tirar más nafta al fuego. Desde ya que si algún día los convoco, los recibiré sin capuchas, pero en ese momento era un tema absolutamente menor, advirtió.
OTRA CONDENA
En tanto la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que integra el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, Héctor Simionati, emitió ayer un pronunciamiento expresando su enérgico repudio a la represión que se llevó a cabo contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, ubicada a 100 kilómetros de Esquel, Chubut, que reclama la tenencia de tierras ancestrales
Lo que ocurre por estas horas en Cushamen es la militarización del lugar y una sangrienta represión de toda una comunidad, la que incluyó a hombres, mujeres y niñas y niños, heridos/as por golpes, por balas de goma y de plomo, acusados de modo tan erróneo como perverso de ser 'terroristas', manifestó ADPRA.
La Asociación, antes de repasar el rango constitucional que tienen las tierras y los derechos pre existentes de los pueblos originarios de las mismas, recordó que día antes de la represión el juez federal Guido Otranto dio una orden para liberar las vías donde transita el tren turístico La Trochita.
"La medida judicial se efectivizó con 200 gendarmes quienes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que está establecida la comunidad Cushamen. Luego intervino la policía provincial realizando allanamientos sin orden judicial, según relatan miembros de la comunidad. El operativo que incluyó golpes y lesiones a niños y niñas, debe ser calificado como un acto de 'violencia institucional', por lo desmesurado y por haber sido efectuado con prácticas contrarias a la Ley y al derecho", concluyeron.