Allanamientos

 El hecho ya adquirió ribetes delicados. Treinta allanamientos ordenados por la Justicia federal, ejecutados por efectivos de Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no es algo que se pueda pasar por alto, más cuando los últimos seis se realizaron en las sedes de dos de los tres poderes que conforman el Estado.

La sola mención pública de que se investigan los movimientos financieros de dos funcionarios y de varios empresarios, bajo la sospecha de estar involucrados en “lavado de dinero, evasión tributaria y conductas impropias con la ley que rige el sistema bancario”, lleva a exigir que se vaya al fondo de la cuestión para que no queden en el mismo lodo los que cumplen con sus deberes y los que se aprovechan de la confianza de los contribuyentes.

En mayo de 2013 hubo un escándalo que tal vez preanunció todo esto. Fue cuando el titular del gremio SUPEh intentó venderle al municipio una propiedad de incalculable valor ubicada en el corazón del barrio Mosconi. En las últimas horas trascendió que quien se proponía obtener importantes réditos allí hasta había adelantado 350.000 pesos de los 6 millones que costaría la operación. El vendedor ni siquiera cuidó las formas ya que entonces era titular de la agencia Comodoro Deportes.

Pero aquella operación quedó trunca porque una investigación del periodista Saúl Gherscovici -de Diario Patagónico- permitió dar con la punta de un ovillo que llevó a una madeja bastante oscura. Es que para poder vender ese lote donde actualmente se levanta la sede sindical que cada vez cuenta con menos afiliados, hacía falta el aval de los socios de la entidad. Y resultó ser que al menos cinco de los nombres que aparecían en el acta nunca habían estado en la asamblea del 23 de diciembre de 2012 (¡un domingo en vísperas de Navidad!), la cual estuvo rubricada por un escribano, el mismo que –según fuentes de altísimo nivel- se disponía por estos días a acceder a 10 hectáreas fiscales en el oeste de la ciudad, aunque parece que por ahora tendrá que esperar a que las aguas sean menos turbulentas para insistir con su operación.

Aquella vez el escándalo fue tal que el intendente debió vetar la ordenanza que por unanimidad había aprobado el Concejo. A propósito, una de las legisladoras, Viviana Almirón, presentó entonces una denuncia que casi dos años después aún duerme el sueño de los justos.

Ahora la Justicia federal hizo foco en el futuro parador costero y de repente cobraron importancia las sesiones que para tratar este tema en particular se realizaron en el Concejo Deliberante los días 3 de julio y 7 de agosto del año pasado. En el allanamiento del jueves último no solo se llevaron los expedientes vinculados con el trámite, sino también los videos

–de extensa duración– en la que los 12 concejales avalaron por unanimidad los pliegos licitatorios. En el primero de aquellos encuentros fue tan dura la discusión previa, que la sesión prevista para iniciarse a las 11 finalmente comenzó casi ocho horas más tarde.

Entonces se justificaron las dilaciones en que debieron conciliar técnicas legislativas que enmarcaran legalmente la operación, dado que no sólo se trataba de la licitación para la construcción de una obra pública, sino además de la concesión a un privado por la explotación de la misma.

Así, para tomar los recaudos legales pertinentes, en lugar de dar un tratamiento único como marcaba el proyecto elevado desde el Ejecutivo, el tema fue desdoblado para que una vez adjudicada la construcción a quien realizara la mejor oferta sobre los pliegos, el Concejo volviera a tener intervención para concesionar la explotación del mismo.

Curiosamente, dos días antes de la primera serie de allanamientos (en bancos, empresas, oficinas privadas y domicilios particulares de los mencionados en el oficio) se oficializó que la prevista licitación por el parador costero había sido “prorrogada hasta nuevo aviso”.

Según lo que puede deducirse de las acciones que va ordenando una jueza que por ahora prefiere no hablar en público sobre esta delicada causa, la forma en que se trató este tema podría ser el parámetro para establecer un patrón de conducta que infringiría varias leyes financieras, cuyas penalidades se han endurecido en la última década, justamente para evitar la evasión que está estrechamente ligada con la corrupción.

Que la impunidad sobrevuele todas estas acciones es otro componente que agrega una sana indignación entre quienes contemplan azorados lo que se puede hacer cuando los controles son laxos; o si se confía en la gente equivocada.

Además, hay quienes empiezan a conectar hechos que parecían aislados y recuerdan –por ejemplo- aquella agresión que se produjo hace poco más de un mes en el lobby de un hotel contra un empresario que acababa de ratificar en una radio graves denuncias que había publicado en su cuenta de facebook. Se sabe: “la fuerza es el derecho de las bestias”.

Las autoridades municipales –que no solo brindaron toda la colaboración que requería el caso- han estado acertadas al salir con premura a aclarar que la investigación no apunta a funcionarios electos por el pueblo, sino a empresarios que pretendían hacer negocios redituables a expensas de la tierra pública. De allí que uno de los últimos allanamientos fuera en las oficinas de Alsina y Rivadavia, donde funciona la Secretaría que se ocupa del tema.

Y quizás también estén en lo correcto –más allá de algunas opiniones contrarias dentro mismo del gobierno municipal- en no separar de sus cargos a los funcionarios que aparecen más sospechados. Aunque sea difícil explicar por qué están en la mira un subsecretario de la Función Pública y un asesor que tenía como tarea principal conformar fideicomisos para acelerar la concreción de obras de pavimento.

Fuente: Horacio Escobar

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