AMIA: se mantiene el pedido de justicia

Hoy familiares de víctimas del atentado a la AMIA y la comunidad en general, elevan un nuevo pedido de justicia con tres actos. El mensaje de las distintas organizaciones se unifica en contra del olvido.

La DAIA y la AMIA convocaron a la sociedad a acompañar el reclamo de Justicia y Verdad en el acto central que se realizó esta mañana, frente a la sede de AMIA, en Pasteur 633.

En otro de los actos, los integrantes de Memoria Activa se concentraron en el mismo horario, en el tradicional encuentro de la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, con el fin de exigir el cese de "la impunidad" tanto para los responsables del atentado a la AMIA como para los de la Embajada de Israel.

Entre los oradores estuvieron presentes el periodista Walter Goobar; Gastón Chillier (CELS); la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y Diana Malamud (Memoria Activa).

Por su parte, la Asociación 18J–Sobrevivientes, familiares y amigos de la víctimas del atentado a la AMIA realizó su acto a las 12 en la Plaza de Mayo.

El acto de la AMIA y DAIA llevó el lema "Víctimas del terrorismo. Víctimas de la impunidad", y también honraró la memoria de las 85 víctimas fatales del atentado, cuyos nombres fueron leídos luego del sonido de la sirena que se escuchó a las 9.53, hora exacta de la explosión de la bomba que destruyó la sede de la institución, recordaron en un comunicado.

HISTORIA

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeoargentina es la más numerosa de América Latina y la quinta mayor del mundo.

El 25 de octubre de 2006, la justicia argentina, después de años de investigar el caso y tomar cientos de declaraciones y evaluar pruebas, representada por los fiscales Alberto Nisman (1963-2015) y Marcelo Martínez Burgos, formalmente acusó al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo.6 3 7 8 9 Según la investigación de la fiscalía, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.4 Posteriormente el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura de los siete exfuncionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.

El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las conclusiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a Mugniyah y cinco de los fugitivos iraníes, y llevarlos ante la justicia.14 15 Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero,16 pero Irán se ha negado a acatar el fallo de la justicia argentina.

El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner confirmó que firmó con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán que incluía la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de «avanzar en la investigación del atentado». El acuerdo contemplaba la creación de una comisión integrada por «cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional» y además señalaba que los mismos «no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países». El acuerdo quedaría firme una vez que sea aprobado tanto por el Poder Legislativo argentino como por el Parlamento iraní.

La primera reacción de las dos principales entidades judías argentinas, la AMIA y la DAIA, fue de rechazo al considerarlo «inconstitucional, contrario a las leyes argentinas, una declinación de la soberanía nacional y un retroceso en la investigación judicial».

El acuerdo entre Irán y Argentina provocó una intensa polémica, a favor y en contra, en la Argentina, dentro de la comunidad judía, y tuvo repercusión internacional. Incluso, en mayo de 2014, la Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum.

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