La jueza María Marta Nieto presentó este martes los resultados de una auditoría realizada sobre los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de la circunscripción judicial, en la que se detectaron diversas falencias en el funcionamiento de estos equipos, especialmente en la elaboración de los informes socioambientales y en el registro de la información incorporada a los expedientes.

La auditoría se produjo como consecuencia de la muerte del pequeño Angel Nicolás López (4), quien falleció en el Hospital Regional el lunes 6 de abril pasado, un día después de haber sido internado de urgencia. Luego se comprobaría que fue objeto de malos tratos y violencia y por el hecho permanecen detenidos su madre biológica, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Michel González.

En este caso, la Justicia de Chubut abrió una investigación penal contra el juez de Familia Pablo José Pérez y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva. Ambos funcionarios son investigados por presunto incumplimiento de deberes debido a su participación en el proceso que ordenó la revinculación y tenencia del niño con su madre biológica.

POR QUE NO HAY INFORME

Durante la conferencia de prensa, la jueza responsable de la auditoría que investiga responsabilidades de profesionales que debieron garantizar la salud del menor explicó que el relevamiento permitió identificar una sobrecarga de actuaciones no solicitadas. Según detalló, esa situación fue creciendo con el tiempo y, en lo que va del año, los equipos ya habían realizado más de 30 visitas domiciliarias que no habían sido requeridas por los jueces.

En ese contexto, Nieto remarcó que los Equipos Técnicos Interdisciplinarios cuentan con autonomía para definir la modalidad de intervención en cada caso y aclaró que esa tarea no depende de directivas judiciales.

"El que diseña el abordaje es el equipo técnico, no hay una preponderancia de las directivas judiciales. El equipo realiza el informe socioambiental, por lo general, en la primera entrevista con la persona denunciante. El diseño es su responsabilidad; lo que el Poder Judicial les brinda son las herramientas para que puedan hacerlo. Si consideran que no era necesario elaborar un informe, deberán responder por esa decisión", sostuvo.

La jueza explicó que la función del magistrado se limita a formular pedidos específicos cuando la causa lo requiere, como solicitar evaluaciones sobre familiares que residen en otras provincias y podrían asumir el cuidado de un menor, mientras que la planificación y ejecución de las intervenciones corresponde exclusivamente al ETI.

Otro de los aspectos que expuso la auditoría está relacionado con la calidad de los informes incorporados a los expedientes judiciales. Si bien se destacó que las intervenciones técnicas han mejorado en comparación con años anteriores, el relevamiento detectó importantes deficiencias en la información que finalmente se documenta.

De acuerdo con las conclusiones presentadas, los informes finales omiten antecedentes relevantes obtenidos durante el proceso de intervención, como entrevistas previas con profesionales de la psicología o testimonios de docentes que advirtieron situaciones de inasistencia escolar de niños y adolescentes.

Según explicó Nieto, esa información resulta fundamental para que el juez cuente con un panorama completo al momento de adoptar decisiones, por lo que la auditoría recomendó implementar medidas destinadas a mejorar el registro y la incorporación de todos los elementos reunidos durante las intervenciones técnicas.