ARA San Juan: el informe bicameral responsabiliza al Gobierno por su "inadecuado manejo de la emergencia"

El informe final de la Comisión Bicameral investigadora del hundimiento del ARA San Juan señala "responsabilidades compartidas" de los altos mandos de la Armada y responsabiliza al poder político por "un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas" posteriores a la desaparición de la nave. El documento reparte responsabilidades entre el ministro Oscar Aguad, el presidente Mauricio Macri y la antigua cúpula de la Armada, encabezada por el almirante Marcelo Srur, a quien lo acusan de "ocultar información" y "subestimar el incidente". Sobre el ministro de Defensa dicen que no supo manejar la crisis y del presidente cuestionan su "bajo nivel de involucramiento".

El informe final de la Comisión Bicameral del Congreso investigadora del hundimiento del submarino ARA San Juan, revelado ayer, señaló “responsabilidades compartidas” de los altos mandos de la Armada y endilgó al Ministerio de Defensa “un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas” posteriores a la desaparición de la nave.

Los integrantes de la Bicameral parlamentaria sostuvieron en su informe final de 170 páginas, que el origen del hundimiento fue “una avería producida el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42 por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación” que “originó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3”.

Ese incendio, según el reporte en el que se recabaron medio centenar de testimonios, fue el que provocó la “implosión” posterior del ARA San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año después de su hundimiento, frente a las costas del Golfo San Jorge.

En las conclusiones obtenidas por los legisladores, esa “avería” fue “subestimada por todos los altos mandos” de la Armada.

Durante le lectura de un resumen del informe, el presidente de la comisión, José Ojeda, habló de “responsabilidades compartidas” y “no de un solo autor” de lo ocurrido en el submarino hundido en el océano Atlántico sur, frente a las costas argentinas, con 44 tripulantes a bordo.

Aseguró que hubo “una minimización de toda la cadena de mando” de los hechos y “un manejo inadecuado de la emergencia en las horas críticas”.

El texto, que fue suscrito en disidencia por los cuatro miembros de Cambiemos, endilgó responsabilidad política al Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, en el manejo de la crisis y en un supuesto “retaceo” y “falta de contención” a los familiares de las víctimas en las horas posteriores a la pérdida de contacto con el submarino.

Dirigentes del oficialismo rechazaron esa acusación al señalar que el ministro Aguad no solo desplegó un operativo de proporciones para dar asistencia a los familiares sino que concurrió dos veces a dar informes a la comisión, donde respondió el interrogatorio de los legisladores y las recriminaciones de los familiares de las víctimas, “sin ningún tipo de restricción”.

El informe parlamentario también responsabilizó al Comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, al que acusó de no haber “asumido la gravedad de la avería” ni “evaluó correctamente sus implicancias” así como tampoco “alertó a su superior”.

Los legisladores también señalaron al entonces jefe del Estado mayor de la Armada Marcelo Srur al indicar que “recibió información en forma tardía y no transmitió al poder político en forma detallada y completa”.

El resto del informe, que es el corolario de un año y medio de audiencias de la comisión pero que no tiene correlato con la causa penal ya que sólo menciona las responsabilidades políticas, añadió las deficiencias presupuestarias y de capacitación de los miembros de la Armada.

Según Ojeda, quien leyó un resumen del informe en el Congreso, escoltado por todos los miembros de la comisión, hubo “numerosos obstáculos” y “escasa colaboración” de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la investigación penal para dilucidar las responsabilidades políticas del caso, así como del poder político.

El diputado oficialista Luis Petri (Cambiemos) cuestionó en diálogo con Télam que durante un año “se le haya exigido sin razón una premura” a la comisión Bicameral que establezca responsabilidades cuando en la causa penal no se determinó aún ninguna responsabilidad penal.

El informe mencionó “un sinnúmero de factores” como desencadenantes del naufragio en el que 44 tripulantes perdieron la vida en aguas del mar Argentino, cuando el submarino cubría el trayecto de Ushuaia a Mar del Plata, el 15 de noviembre de 2017.

subestimaron la situacion

El informe final de la comisión Bicameral del Congreso que investigó la tragedia del ARA San Juan y su posterior búsqueda por parte del Estado es lapidario. Sobre todo en cuanto a la participación que los mandos superiores de la Armada tuvieron durante las horas en que el comandante del submarino anunció que se había producido un incendio en el buque, y las decisiones que tomaron durante la emergencia y los días posteriores. Allí, inclusive se trata de “soberbios” a algunos altos mandos de la fuerza.

“Evidentemente existió por parte de las autoridades navales una subestimación de la gravedad del incidente, situación que no permitió que aflorara un sano criterio de la necesidad de coordinar apoyo para el submarino siniestrado”, se afirmó en el documento, según señala el portal de noticias Infobae.

El texto también destaca la fuerte “interna” que existía en la Marina. Lo hacen de manera descarnada y volcando nombres y apellidos. “Las posiciones e internas y cuestionamiento de algunas decisiones entre la Jefatura de la Fuerza a cargo del Almirante Marcelo Srur y el jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Contralmirante Luis López Mazzeo, llegaron a un punto tal que las decisiones que tomara el primero motivaron la presentación de retiros en forma colectiva, algo inédito desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días en la Armada Argentina. Esto refleja una enorme falta de conducción y de subordinación”.

Dentro de la ARA López Mazzeo aspiraba a suceder a Srur cuando este pasase a retiro, pero el hundimiento del submarino con sus 44 tripulantes trastocó aquellos planes futuros.

Con relación a las responsabilidades del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los funcionarios de su cartera, a partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto y comunicaciones con la nave, los parlamentarios entienden que “se evidenció una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública”.

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