Argentina sumó gran apoyo en la lucha con los buitre

Los apoyos que cosechó la Argentina en 2014 en diversos organismos internacionales, en el marco de su disputa con los fondos buitre, brindaron un respaldo contundente a la postura del país.

 En la cuestión de la reestructuración de su deuda soberana, Argentina recibió un claro respaldo en Naciones Unidas, el Mercosur, la Celac y el G-20, además de contar con la adhesión de China y Rusia, dos naciones con las cuales el país mantiene una alianza económica estratégica.

Un día antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara el fallo del juez Thomas Griesa, que ordenaba a Argentina pagar la totalidad de la deuda a los bonistas que no habían ingresado en los canjes de 2005 y 2010, el G-77+China emitió un fuerte espaldarazo a la posición de la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El 15 de junio, los mandatarios de este grupo que nuclea a 133 naciones en vías de desarrollo y al gigante asiático, formularon, en la declaración final de la cumbre que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, un claro apoyo a la posición argentina.

En tanto que la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) advirtió, en una declaración difundida a fines de junio, que la decisión del magistrado neoyorquino amenazaba "con causar profundas consecuencias al sistema financiero internacional".

El Mercosur y la Comunidad de Estados de Latinoamérica (CELAC) se manifestaron en el mismo sentido y pidieron "la búsqueda de una solución que no comprometa el desarrollo económico de Argentina".

Argentina planteó entonces el tema en la Organización de Estados Americanos (OEA), que promulgó una resolución en la que se instaba a otorgarle a la Argentina "la oportunidad de reestructurar su deuda con un mecanismo justo y equitativo".

La postura contó con la aprobación de todos los miembros de la OEA con excepción de Canadá, que se abstuvo y de Estados Unidos, que aclaró que no podía pronunciarse porque se trataba de un litigio que se procesaba en una Corte de su territorio.

El grupo Brics, que componen las naciones emergentes Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también sumó su adhesión a la causa argentina con una declaración en el encuentro que se realizó en Brasilia a mediados de julio, y al cual asistió la mandataria argentina.

Además, en el marco de sus viajes a la región por esta cumbre, los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, visitaron Buenos Aires, y pese al litigio con los holdouts, ratificaron su decisión de reforzar los vínculos económicos con el país.

El 9 de septiembre, el cónclave de la ONU aprobó con el voto favorable de 124 países, la abstención de 41 y la negativa de 11, una resolución que expresó la necesidad de "fundar un marco jurídico en el seno del organismo que sea capaz de supervisar los mecanismos de intercambio financiero".

Días después, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, Suiza, condenó a los holdouts y acordó investigar las actividades que llevan a cabo estos grupos financieros, en una resolución que cosechó 33 votos favorables, 5 en contra y 9 abstenciones.

En noviembre, y contra los pronósticos de varios analistas locales e internacionales, el G-20 -el grupo que congrega a las naciones que generan el 85% de la producción mundial- emitió, tras la cumbre que se realizó en Australia, una declaración que destacó "la necesidad de garantizar las reestructuraciones de las deudas de los estados".

Este mes, en Nueva York, 128 naciones -cuatro más que en la primera compulsa- ratificaron en la ONU la decisión de construir un marco regulatorio internacional ante estos fondos.

De este modo, en seis meses, Argentina recibió el aval de buena parte de la comunidad internacional en la lucha que libra por afianzar la reestructuración de su deuda soberana, impulsando un "multilateralismo activo y constructivo" en aras de una "verdadera democracia global", tal como afirmó la presidenta en septiembre ante la Asamblea General de la ONU.

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