La Argentina iniciaría la próxima semana las negociaciones con los fondos buitre para alcanzar un acuerdo que haga efectiva la sentencia que obliga al país a cancelar alrededor de US$1.330 millones, según lo informado por letrados de ambas partes a agencias de noticias internacionales.
"Me han dicho que el plan es estar acá la semana próxima para negociar con los 'holdouts' para resolver esta situación", señaló el abogado Carmine Boccuzzi el miércoles ante el juez Griesa, informó la agencia Reuters.
"En estos momentos no hay una oferta de intercambio", añadió más tarde. Asimismo, Boccuzzi reveló que durante la audiencia el juez expresó que "quiere un mecanismo legal para evitar otra situación en la que la República (Argentina) pueda desconocer otro juicio, para evitar que se pueda tomar en broma" otro fallo.
Por su parte, el abogado del fondo NML, Robert Cohen, señaló a la agencia Bloomberg que "si ellos quieren hablar de un acuerdo, saben dónde encontrarnos".
Griesa había convocado para este miércoles a los representantes de la Argentina y de los denominados fondos buitre a la primera audiencia luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara tomar el caso y dejará así firme el fallo del tribunal de Nueva York que ordena al Estado argentino a pagar 1.330 millones de dólares por bonos defaulteados en 2001.
Durante la audiencia, añadió Reuters, Griesa consideró que las palabras de Cristina Kirchner son "un problema" para lograr un acuerdo con los acreedores que evite un default. El magistrado criticó a la Presidenta por haber dicho durante un discurso que la presión de los acreedores con deuda incumplida era una "extorsión".
"Realmente no me da confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la República", dijo Griesa.
El juez dijo también que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro de Economía de Argentina de abrir un nuevo canje de deuda bajo ley del país sudamericano viola sus decisiones previas.
El martes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había dicho que enviaría a una delegación de abogados "para hablar" con el juez, de cuyas decisiones depende el pago de los próximos servicios de la deuda reestructurada.
Kicillof afirmó que "la Argentina tiene voluntad de pagar sus compromisos", pero advirtió que "si se aplicara la sentencia de (Thomas) Griesa y la Argentina se viera obligada a pagar a los fondos-buitre, el país sería empujado a un default".
Ante esa posibilidad. el ministro expresó que hacer frente al desembolso de 1.330 millones de dólares tal como lo dictaminó el juez, generaría nuevos reclamos por 15 mil millones de dólares entre el 7% de los bonistas restantes que no entraron a los canjes lanzados en 2005 y 2010 y hasta por 150 mil millones de dólares si la totalidad de los bonistas reclamara el mismo tratamiento que el juez Griesa quiere que se dé a los fondos buitre.
El 23 de febrero de 2013, el juez neoyorquino conminó al país a pagar u$s 1.330 millones en efectivo a los litigantes en efectivo y obligó a los agentes de pago, el Bank of New York y las agencias de clearing, a retener los fondos destinados a la deuda reestructurada si Argentina incumple la sentencia. Por el momento, una medida cautelar impide efectivizar el fallo.
Si esa cautelar es levantada, como reclaman los fondos buitre, la Argentina no podrá pagar en Nueva York los bonos reestructurados si no deposita los fondos para los holdouts; pero si les paga a los holdouts, enfrentará nuevos reclamos por darles a éstos mejores condiciones que las de las reestructuraciones.