El tribunal de revisión estuvo integrado por los jueces penales Jorge Novarino y María Laura Martini, mientras el Ministerio Público Fiscal lo representaron Héctor Iturriozl y Florencia Do Carmo. La defensa de Alí González la ejerció Gladys Olavarría.

Fue justamente la defensora quien solicitó el arresto domiciliario de González ya que el juez natural, Ariel Tedesco, al dictar la medida más gravosa -prisión preventiva- “no tuvo en cuenta ningún elemento que incrimine a González; no hubo concatenación lógica con los secuestros y la imputación”.

Para Olavarría, “que no se haya recuperado el dinero sustraído, no funda el peligro de entorpecimiento”, considerando que la medida de coerción dictada por el juez “fue infundada”.

Seguidamente los representantes de fiscalía argumentaron que al valorar la supuesta carencia de fundamentación del juez natural “no hubo contradicción de las partes; es decir la defensora estuvo de acuerdo con lo solicitado por los fiscales, consintió la medida de coerción”.

Recordaron también que González tiene antecedentes penales y sostuvieron que es válido que el juez se remita a los argumentos de una de las partes en su resolución, en este caso los de la Fiscalía.

No obstante, el tribunal de revisión resolvió hacer lugar a lo solicitado por la defensa, revocando la decisión del juez natural y dictando el arresto domiciliario de Alí González, previo informe social, con tobillera electrónica.

El robo a la distribuidora de carne Junior’s –ubicada en la avenida Chile- tuvo lugar el lunes 19 de septiembre pasado. Cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron esa mañana armados, golpearon y maniataron a los empleados que se preparaban para iniciar las tareas comerciales. La banda se alzó con una suma cercana a los 27 millones de pesos, según fuentes oficiales.