asación concedió la prisión domiciliaria a Bignone y Rivero

Buenos Aires (Télam)
La sala II de la Cámara de Casación Penal concedió la prisión domiciliaria a los ex generales Reynaldo Bignone y Santiago Omar Rivero, condenados a prisión perpetua “en cárcel común” por el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda, de 16 años, cometido en 1977.
La resolución, dictada por los camaristas Guillermo Yacobucci, Juan Fégoli y Luis García el pasado 6 de julio, aun no está firme por lo que aún no se efectivizó pero será apelada por la madre de la víctima, Iris Avellaneda, según anunció ayer en una conferencia de prensa.
La mujer, sobreviviente del centro clandestino de “El Campito” de Campo de Mayo, anunció además que denunciará ante el Procurador General, Esteban Righi, al fiscal de Casación Juan Romero Victorica por no concurrir a la audiencia convocada por el tribunal para resolver la prisión domiciliaria.
Bignone y Riveros fueron condenados en 2009 a la pena máxima “de cumplimiento en cárcel común” por el crimen del “Negrito” Avellaneda y los tormentos aplicados, según el decisorio del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín.
“La resolución invoca la avanzada edad de ambos, que son octogenarios, pero creemos que no cambiaron sus condiciones de salud, de modo que no corresponde modificar un aspecto sustancial de la condenas”, dijo la abogada de Avellaneda, Sabrina Dentone, de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre.
Avellaneda y su madre fueron detenidos por una patrulla militar y policial en un allanamiento a su domicilio de Boulogne que buscaba a su padre, un delegado sindical comunista, quien logró escapar.
La madre y el muchacho fueron llevados primero a una comisaría y luego de Campo de Mayo, cuya máxima autoridad era Bignone como comandante de Institutos Militares.
Meses después el cuerpo del chico apareció fondeado en la costa de Uruguay con signos de haber sido salvajemente torturado y muerto por empalamiento, y la madre fue “blanqueada” y enviada a la cárcel de Olmos.
El pedido de reclusión domiciliaria fue formulado por el abogado oficial de los militares, Juan Carlos Sambucietti.

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