En un contexto de fuerte ajuste económico y tensión con los gremios, el Gobierno nacional quedó en el centro de la polémica tras conocerse que los salarios de ministros, secretarios y altos funcionarios registraron incrementos que alcanzan hasta el 123%, mientras se mantienen restricciones sobre las negociaciones paritarias del resto de los trabajadores.
La situación se da en paralelo a la postura de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social —a cargo de Julio Cordero— que viene limitando la homologación de acuerdos salariales que superen los techos fijados desde la Casa Rosada. Este escenario ha generado críticas desde distintos sectores sindicales, que denuncian un “doble estándar” en la política salarial.
Aumentos en la cúpula y tensión con los gremios
De acuerdo a los datos difundidos, los incrementos en los sueldos de funcionarios se consolidaron a partir de la actualización dispuesta por el decreto 931/2025, que estableció una recomposición vinculada a aumentos acumulados en la administración pública durante 2024 y 2025.
Uno de los casos que más repercusión generó fue el del vocero presidencial Manuel Adorni, cuyo salario pasó de alrededor de 3,5 millones a unos 7 millones de pesos en el transcurso de un mes, evidenciando el impacto de la medida.
Mientras tanto, desde el Gobierno se sostiene una estrategia económica basada en el control de la inflación a través de anclas fiscal, monetaria y cambiaria, a las que se suma —de hecho— una política de contención salarial en el sector público y en las paritarias.
Brecha salarial y cuestionamientos
La diferencia entre los ingresos de la alta dirigencia y el resto de los trabajadores estatales profundizó las críticas. Desde gremios como ATE señalaron que amplía la brecha dentro del propio Estado, donde amplios sectores perciben salarios que, en muchos casos, no superan el millón de pesos, e incluso descienden a cifras cercanas a los 600 mil en determinadas áreas.
En contraste, los funcionarios de mayor rango consolidaron ingresos significativamente superiores tras los recientes ajustes.
El debate que se instala
El tema reabre el debate sobre la equidad en la política salarial del Estado en un contexto de crisis económica, inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo.
Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de una actualización necesaria dentro de la estructura estatal, desde sectores sindicales y parte de la opinión pública cuestionan el mensaje que transmite en medio de las restricciones que enfrentan los trabajadores en sus negociaciones salariales.