Bassedas y Placente se niegan a pagar el impuesto a la riqueza

Los exjugadores se sumaron a Carlos Tévez y presentaron recursos ante la Justicia para quedar eximidos de pagar el impuesto a la riqueza. Ya son más de 130 las personas que accionaron en tribunales contra el aporte solidario que creó el Estado para paliar la crisis por la pandemia que tiene en vilo al mundo.

En abril se conoció la noticia de que Carlos Tevez –a quienes algunos llaman “el jugador del pueblo”- se niega a pagar el impuesto a las grandes fortunas. El futbolista de Boca, que conoció la pobreza durante su infancia pero con el que fútbol y los negociados de los parques eólicos de Macri hizo fortunas, presentó un recurso de amparo ante la Justicia.

No es el único futbolista millonario que lo hizo, ya que en las últimas horas se conoció que Diego Placente, exjugdor de la Selección y River, Argentinos Juniors -con paso por España, Francia y Alemania-, se sumó a la lista de 130 personas que accionaron contra el Aporte Obligatorio Solidario.

Placente es entrenador de las formativas de la Selección Argentina junto a Pablo Aimar y su abogado reclamó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para no aportar al Estado en el impuesto extraordinario y por única vez para paliar los efectos de la pandemia que azota al mundo.

El otro millonario del mundo del fútbol que recurrió a la Justicia es Christian Bassedas, formado en Vélez. Multicampeón con el Fortín, el mediocampista jugó en Inglaterra dos temporadas y otra en España. Ya retirado volvió a Vélez, donde fue manager y entrenador.

Los abogados de Bassedas presentaron un escrito ante el juez Enrique Lavié Pico donde piden expresamente que la causa que iniciaron sea reservada; es decir que no pueda consultarse públicamente "pues los datos volcados en su reclamo pueden afectar su seguridad". Esto ya lo hizo el propio Tevez.

Para Bassedas, el aporte solidario es “un verdadero impuesto que resulta violatorio de derechos y principios constitucionales como el principio de igualdad, el derecho de propiedad, el principio de no confiscatoriedad y el principio de seguridad jurídica”.

Por ello, solicitó que se lo declare inconstitucional y pidió que mientras se resuelva el fondo de la cuestión, se dicte una cautelar para que AFIP no le inicie ningún tipo de reclamo administrativo o judicial.

El denominador común de la estrategia judicial de las 130 personas que accionaron contra el impuesto apunta a la violación de garantías constitucionales y cuestionan el carácter “confiscatorio” del aporte.

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