El gobierno reglamentó un punto clave de su reforma laboral y puso en marcha un esquema de incentivos para empresas que incorporen trabajadores no registrados, en medio de cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de la iniciativa.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 315/2026, firmado también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo.
El nuevo régimen, denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), apunta a reducir la informalidad mediante beneficios fiscales para empleadores, principalmente a través de la baja en las contribuciones patronales durante un período de hasta cuatro años.
Podrán acceder aquellas empresas que regularicen trabajadores sin empleo registrado o incorporen personas desempleadas, incluyendo también ex monotributistas que no hayan tenido relación de dependencia reciente. Las contrataciones deberán realizarse entre mayo de 2026 y abril de 2027 y no podrán superar el 80% de la plantilla total de la empresa.
La reducción de aportes se aplicará con alícuotas diferenciadas del 2% y 3%, destinadas a distintos subsistemas de la seguridad social. No obstante, se mantendrá el aporte obligatorio al Fondo de Asistencia Laboral.
Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca incentivar la creación de empleo formal, aunque la medida se implementa en un contexto de fuerte debate político y judicial, con sectores que advierten sobre posibles efectos regresivos en derechos laborales.