Bonadio investigará una denuncia contra funcionarios del Gobierno nacional

El juez federal Claudio Bonadio quedó ayer a cargo de una denuncia de Margarita Stolbizer contra funcionarios del Gobierno nacional por supuestas negociaciones incompatibles y abuso de autoridad, a raíz de contrataciones del Ministerio de Modernización a una empresa de su propiedad.

La denuncia fue presentada por la exdiputada Stolbizer contra Juan Pablo Peredo, Luciano Elizalde Acevedo y Alejandro Alonso, quienes -según la presentación-, figuran como titulares de “Labcom SA”, la firma cuestionada, según el escrito al que accedió Télam.

“Los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el presidente de la Nación” Mauricio Macri, aseguró Stolbizer en la denuncia que presentó ayer su abogada Silvina Martínez.

En la presentación se solicitó investigar “los beneficios otorgados mediante la contratación por parte del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa (Labcom SA), cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del Gobierno nacional”.

Según sostuvo la denunciante, Acevedo “es investigador del Conicet” y, según consignan diferentes medios periodísticos, “comparte en condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo)”.

Se refirió de esta manera a la Finca “Pluma de Pato” en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia, en Salta, que el presidente Macri adquirió como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015.

Sobre Alonso, la denuncia sostiene que “también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional, ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

Stolbizer argumentó además que Labcom obtuvo sus ingresos de manera mayoritaria por contrataciones con el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires.

“En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por $4.641.036,23 y durante el año 2017 $2.315.876,31. Sin embargo, no se registran montos por costo de los servicios. Tampoco se registran rubros destinados al pago de empleados”, agregó.

La denunciante aludió también a la contratación de un servicio de consultoría “en relación al Seguimiento de Evolución de Proyectos Centrales” por parte de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización por 1.260.000 pesos que se adjudicó a Labcom, que se hizo “sin advertirse que los integrantes de dicha empresa eran funcionarios públicos a esa fecha”.

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