Los empresarios decidieron darle apoyo al pacto por la gobernabilidad en Brasil propuesto por el Ejecutivo y pidieron que la crisis económica no se convierta en una crisis política, luego de que la presidenta Dilma Rousseff advirtiera el viernes que nadie puede quitarle a su mandato la legitimidad que recibió en las urnas en octubre pasado.
Luiz Carlos Trabuco, presidente del Bradesco, segundo mayor banco privado de Brasil, alertó ayer sobre la gravedad de la crisis e instó a los partidos a olvidar sus ambiciones personales y a unirse en torno a un pacto que pueda ayudar al país a superar sus problemas.
"Las personas necesitan tener la grandeza de separar las ambiciones personales y ver lo que es mejor para el país. Necesitamos salir de ese ciclo de que en cuanto peor (esté la situación), mejor (para los partidos de oposición). ¿Mejor para quién? Para Brasil no lo es", afirmó.
Las dos principales patronales regionales de empresarios de Brasil ya habían instado el jueves pasado a los partidos a trabajar de forma unida y manifestando su apoyo al pacto propuesto por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) perteneciente a la coalición gobernante.
Para la Federación de las Industrias de San Pablo (Fiesp) y la Federación de las Industrias de Río de Janeiro (Firjan), llegó la hora de que todos "dejen de lado sus ambiciones personales o partidarias y miren por el mayor interés de Brasil" ante la mayor situación crítica en Brasil en los "últimos 20 años".
Según el director de la consultora FN Capital, Paulo Figueiredo, la idea de proponer un pacto suprapartidario, "demostró que la crisis política es peor que lo que cualquiera imaginaba y que el gobierno perdió el control sobre su base" partidaria.
Para el consultor, la mayor preocupación de los empresarios es la posibilidad de que Brasil pierda su condición de país con grado de inversión, lo que, aplazará la recuperación para dentro de dos años o más. El mercado financiero, con una caída de la bolsa de San Pablo del 4,5 por ciento acumulada en la última semana y la subida del dólar a su mayor nivel en 12 años, demostró que la confianza de los inversores está cayendo.
Ese retroceso fue el reflejo de una semana en que una encuesta mostró que la popularidad de la presidenta Rousseff se desplomó hasta el 8 por ciento; en que los dos partidos laboristas del país anunciaron su decisión de abandonar la base oficialista; en que el Congreso puso en votación medidas que amenazan aún más las cuentas públicas, y en que el vicepresidente admitió que la situación es "grave".
La crisis también se agravó esta semana con nuevas denuncias del escándalo de corrupción en Petrobras y con el arresto del ex ministro José Dirceu, el antiguo hombre fuerte del ex presidente Lula da Silva.
REACCION DE DILMA
La propia mandataria reaccionó el viernes cuando advirtió que no dejará que nadie le quite a su mandato la legitimidad que recibió en las urnas en octubre pasado, en respuesta a las peticiones de líderes opositores para que Brasil celebre nuevas elecciones como estrategia para superar su actual crisis.
"Nadie va a quitarme la legitimidad que el voto me dio", aseguró la jefe de Estado en una declaración que hizo en la ciudad de Boa Vista.
"Yo respeto la democracia de mi país y sé lo que es vivir en una dictadura. Por eso respeto la democracia y el voto. Y pueden estar seguros de que, además de respetar, honraré el voto que me dieron", afirmó.
Sobre los ataques de la oposición a su gobierno reiteró: "Soy una persona que aguanta presiones, aguanto amenazas. Incluso sobreviví a grandes amenazas a mi propia vida. Creo que el Brasil de hoy es muy diferente a aquel en el que tuve que enfrentar las más terribles dificultades", afirmó al referirse a las torturas que sufrió durante la última dictadura (1964-1985).