“Me llamó el presidente del Colegio (de Abogados de Comodoro Rivadavia) para que modere mis expresiones públicas respecto a los funcionarios que terminaron siendo responsables porque acá no hay ninguna duda de que actuaron mal. Angel está muerto: esa es la prueba cabal de que actuaron mal. Me obstruyeron la matriculación, por eso no pude, en mi carácter de querellante, poder desarrollar la hipótesis del caso. Tengo que buscar otro Colegio de Abogados de Chubut que permita matricularme para poder tener una participación activa en la acusación”.

Roberto Castillo es el abogado de Luis López, el padre de Angel, el niño asesinado en circunstancias que investiga la Justicia. Pronunció estas palabras este martes luego de la audiencia de control de detención donde se determinó que la madre del nene y su pareja (Mariela Altamirano y Maicol González) quedaran en prisión preventiva durante seis meses.

El letrado respondió así a las trabas impuestas por parte del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia que advirtió públicamente que Castillo no cuenta con la matrícula correspondiente para ejercer en Chubut. La institución, además, emitió un comunicado cuestionando las menciones de los funcionarios judiciales que intervinieron inicialmente en el caso, entre ellos el juez de Familia Pablo Pérez, la asesora Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Leiva.

Pese a las trabas, Castillo indicó que se encuentra formalmente incluido en el expediente judicial con el respaldo de una abogada que posee matrícula local y colabora con su equipo.

También aseguró que los padres del niño “no confían en los abogados de acá. Cuando hay una crisis institucional, cuando hay corrupción, lo último que hacés es buscar un abogado que pueda estar contaminado. Por eso nos llaman a nosotros que venimos de Buenos Aires”.

“SILENCIAR A LA FAMILIA”

En ese contexto, el Colegio de Abogados de Comodoro anunció que buscará avanzar con una denuncia formal contra Castillo ya que no cuenta con matrícula en Chubut: no descarta elevar una presentación ante la Justicia o dar intervención al tribunal disciplinario correspondiente, en caso de confirmarse que el letrado posee matrícula en otra jurisdicción.

Así lo confirmó este miércoles el presidente del Colegio Público de Abogados local, Pedro Ferreira, en declaraciones periodísticas. “Tenemos que evaluar si corresponde hacer una presentación judicial o informar al tribunal de disciplina del colegio donde esté matriculado, si es que lo está”, sostuvo.

“Esta persona no tiene matrícula para actuar en la provincia. No puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante”, explicó Ferreira.

La declaración del titular del Colegio de Abogados llegó luego de que Castillo publicara en sus redes sociales que la institución buscaba alejarlo de la causa. “Rechazo la inconducta del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia que está haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Angel. Incluso presionándome para que abandone su representación”, expresó.

En tanto, Ricardo Gerosa Lewis, ex presidente del Colegio de Abogados de Esquel, sumó una opinión contraria al pensamiento del Colegio de Comodoro: “Fui presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Esquel en dos períodos, elegido por mis pares y no con lista única. Si hoy estuviese en ese cargo, me pondría disposición para otorgar de manera inmediata la matrícula a este colega, cumpliendo los recaudos legales pero allanando todas las formalidades que impidan que pueda ejercer su ministerio en tiempo y forma. Los derechos se defienden, no se pregonan ni obstruyen”, sentenció.

INTERVENCION JUDICIAL

Hay que recordar que el Superior Tribunal de Justicia dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia y designó a cargo a la camarista María Marta Nieto. Lo confirmó un parte de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial.

El Superior Tribunal resolvió auditar y normalizar el área que funciona como apoyo de los juzgados de Familia en la circunscripción de la zona sur. Será por el plazo de 60 días, con la asistencia de las licenciadas Valentina Kresteff –coordinadora técnica de los ETI- y Gisela Ochoa.

Esta área es muy cuestionada luego de la muerte de Angel López, por cuyo homicidio están presos su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Maicol González. El debate se centra en si acaso los profesionales del ETI incumplieron con su labor al dejar al pequeño conviviendo con sus presuntos agresores. Los más cuestionados son el juez Pablo José Pérez; la asesora Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva.