Buscan reparar económicamente a víctimas del bombardeo del ‘55

En el marco de la política de derechos humanos del Gobierno nacional, la Cámara de Diputados buscará avanzar este año con el debate de un proyecto que propone reparar económicamente a las víctimas del bombardeo del 16 de junio de 1955 a la Plaza de Mayo, que tuvo como objetivo terminar con el gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón.

Buenos Aires (Télam)
La iniciativa fue impulsada por el diputado kirchnerista Dante Dovena y busca el reconocimiento de las víctimas o bien de los familiares de los muertos y heridos durante el bombardeo a la Plaza de Mayo ocurrido el 16 de junio de 1955, cuyos derechos no han sido reconocidos aún por las leyes vigentes.
Se trata de un proyecto que pretende el reconocimiento de hombres y mujeres, cuyos derechos fueron «flagrantemente violados con anterioridad al año 1976» y que resultaron perseguidos y encarcelados «por la ilegítima acción llevada a cabo en representación plena o parcial del Estado Nacional».
El bombardeo del ’55, que tenía como objetivo terminar con el gobierno constitucional de Perón, es considerado por dirigentes e historiadores como «la antesala del terrorismo de Estado en la Argentina», que se instauró en el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
Hasta hoy, nunca se conocieron las cifras precisas sobre el número exacto de muertos por el sangriento ataque realizado desde aparatos de la aviación naval a la Plaza de Mayo, con epicentro en la Casa Rosada, aunque se estima que fueron más de 300 las víctimas fatales y unos 800 los heridos en ese trágico día.
Como referencia histórica, la norma se basa en la sanción de la ley 24.043 aprobada en 1991 -que otorgó beneficios a las personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio- y la 24.411 de diciembre de 1994, que estableció los beneficios que tendrán derecho a percibir los causahabientes de personas en situación de desaparición forzada.
La reparación económica que se propone en esta ley es la misma que la establecida en las leyes 24.411 y 24.043 esas leyes y el beneficio es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de nivel A del escalafón para el personal civil de la Administración Pública.
Pero esas normas que ampliaron los plazos originalmente establecidos para acogerse a esos beneficios o bien los reglamentaron, no contemplaron sin embargo la situación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 16 de junio de 1955 y hasta marzo del ’76 que ahora se pretende abarcar.
En los fundamentos, el proyecto pone de relieve la impronta de la defensa de los derechos humanos impulsada desde mayo de 2003 por Kirchner, iniciada con la renovación de la cúpula militar y la iniciativa que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Sin embargo, la norma sostiene que la vocación reparadora del gobierno, vinculada a la revisión positiva de la Argentina reciente «no sería completa e integral», si no se considera a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 16 de junio de 1955.
En ese marco, la iniciativa propone reparar económicamente además a los militares en actividad que, por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el Gobierno Constitucional de Perón, fueron víctimas de difamación, marginación o dados de baja de la Fuerza.
Si bien la norma estaba en condiciones de ser tratada en el recinto en el pasado período parlamentario, el dictamen de esta iniciativa -que contaba con el respaldo de tres comisiones- cayó como consecuencia de la renovación parlamentaria de 2007 y podría ser debatida durante 2008.

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