El oficialismo consiguió en el primer año de gestión de Mauricio Macri, siendo minoría en el Congreso, aprobar las principales leyes económicas y sociales con los consensos que enhebró con los diferentes bloques peronistas, aunque sobre el fin del período esa oposición le asestó un duro revés a dar media sanción en Diputados a la reforma del impuesto a las Ganancias.
Si bien los cambios del gravamen que se cobra sobre los sueldos tienen hasta ahora media sanción de Diputados, la postura asumida por todas las bancadas peronistas anticipa que ya comenzó la campaña electoral para las elecciones legislativas de octubre de 2017, donde se pondrá a plebiscito la gestión de Macri.
Así el año parlamentario concluyó en Diputados con una ruptura con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien tuvo un rol central para que el gobierno tenga leyes claves, hasta que estas últimas se distanció del Gobierno nacional.
El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, trazó un balance a Télam del primer año de gestión en el Congreso al afirmar que "fue un lamentable final para un año parlamentario que había sido muy rico, donde trabajamos con mucho consenso".
Negri agregó que si bien en algún momento la oposición "pudo haber querido derogar una ley que esté en contra de un tributo, pero es diferente a querer imponer una política tributaria".
Massa rechaza esos argumentos y asegura que "buscó consensuar el proyecto con el Gobierno e incluso propuso a Negri efectuar antes de fin de año una agenda de temas enviados por el Gobierno a extraordinarias, pero que eso no fue posible porque Cambiemos no quiere sesionar hasta el próximo año, dijo.
De todos modos, más allá de lo que ocurra con Ganancias en el Senado en lo que queda de diciembre, el oficialismo pudo terminar su primer año con un balance positivo porque sancionó las iniciativas económicas y sociales claves para encarar su programa de gobierno, como el pago a los fondos buitres, el presupuesto, y la reparación histórica a los jubilados. Está última medida que aún no se resultados concretos.

UN AÑO DIFICIL
PARA EL MACRISMO
No fue fácil para la coalición gobernante Cambiemos, siendo minoría, aprobar estas iniciativas y para ello, como no pasó en los últimos quince años en el Congreso, debió construir mayorías y abrochar cada ley clave con el conjunto de gobernadores.
En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el jefe de Cambiemos Mario Negri; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el titular del bloque FPV del Senado, Miguel Angel Pichetto, cumplieron un rol central para cerrar los acuerdos para votar los proyectos que requería el Poder Ejecutivo. Pero cada ley requirió de concesiones por parte del oficialismo y el aval de los gobernadores -imprescindibles en el Senado- porque el Gobierno sólo tiene la primera minoría en Diputados y es clara minoría en el Senado.
En la cámara baja Cambiemos tiene 87 de las 257 bancas, es decir algo más de un tercio del cuerpo, con lo que tiene la capacidad de resistir si la oposición quisiera insistir con una ley que haya sido vetada, para lo que se necesitan dos tercios. Pero en el Senado sólo tiene 14 bancas de 72.
Allí tuvieron un trabajo destacado para acordar cada iniciativa los macristas Nicolás Massot (jefe del bloque del Pro) y Luciano Laspina, quien tiene la difícil misión de conducir la comisión de Presupuesto; la espada económica del massismo, Marco Lavagna, y el ex titular del ANSeS y referente del bloque Justicialista, Diego Bossio, quien en febrero había fracturado el Frente para la Victoria cuando armó un bloque que responden a media docena de mandatarios provinciales.
Así en los primeros meses de gestión logró aprobar el pago a los fondos buitre -una herramienta que el gobierno considera fundamental para conseguir financiamiento externo- el blanqueo de capitales, la ley de reparación histórica a los jubilados y devolución del IVA para beneficiarios de planes sociales.
Si bien el número de leyes de casi un centenar es mucho menor al que se votaron en los años anteriores, también es cierto que cada ley requirió de consensos que no hacían falta cuando ejercía el poder el kirchnerismo que tenía mayorías en las dos cámaras.
Por otro Lado, también se pudo sancionar las leyes de contratos públicos-privados, de limitación de superpoderes y del presupuesto, que se convirtió en la última iniciativa votada con consenso pero donde el Gobierno debió incorporar decenas de reclamos realizadas por los mandatarios provinciales para que puedan renegociar sus deudas y flexibilizar las normas para que puedan acceder a créditos.
En los primeros meses el oficialismo ya fue consciente que no sería fácil la relación con el justicialismo, que en mayo se unió para votar una ley para prohibir despidos por seis meses, y esto generó el veto presidencial.
En ese mismo camino iba la ley de Emergencia Social sancionada en el Senado, pero un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sociales permitió que se consensuara un nuevo proyecto que será convertido en ley la próxima semana por la Cámara alta.
También sufrió un traspié con la reforma electoral porque el Senado decidió no tratarla por la oposición de los gobernadores a la boleta electrónica, aunque la gran derrota del Gobierno fue el proyecto votado en diputados sobre el impuesto a las ganancias, que es posible que sea convertido en ley por la Cámara alta. La sanción o no de esa iniciativa, y la respuesta del Ejecutivo, que podría apelar al veto presidencial, marcarán no sólo el fin de este año sino los meses que quedan de aquí hasta las elecciones de octubre.