En un movimiento significativo, la administración de Donald Trump formalizó su respaldo ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, actuando como "amicus curiae" (amigo del tribunal) y reforzando la postura argentina contra la entrega del 51% de las acciones de la petrolera.

Este pronunciamiento se suma al ya expresado por el Departamento de Justicia estadounidense en noviembre de 2024, consolidando un respaldo clave en un litigio que podría implicar un desembolso de 16.099 millones de dólares para el Estado argentino, a favor de los fondos buitre Burford Capital y Eton Park. La jueza Loretta Preska había ordenado la transferencia de los títulos accionarios, pero actualmente, gracias a las presentaciones de los abogados argentinos y un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, esa orden se encuentra suspendida por "tiempo indeterminado".

La intervención de Estados Unidos, que ya había anticipado Energy Report, se basa en que el pedido de los demandantes de entregar acciones "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos". Este argumento es central para la defensa argentina, que sostiene que el artículo 7° del Estatuto de YPF, que exige una oferta a todos los accionistas si se compra más del 15% de la empresa, no puede ser excusa para una expropiación de tal magnitud.

La suspensión del proceso judicial se aplica tanto a la causa principal por la expropiación de YPF como al caso del pago pendiente a los holdouts de la deuda en default de 2001 (Bainbridge). Esto ofrece un respiro crucial a la Argentina en un momento en que el Gobierno ha iniciado una reestructuración de la Procuración del Tesoro y el despido de 60 empleados en el marco de una purga interna, tras denuncias de filtración y venta de información vinculada al litigio.

El respaldo estadounidense fue recibido con optimismo por funcionarios del Gobierno argentino, quienes lo interpretaron como un resultado directo de una "política exterior clara" y la solidez de las presentaciones legales del país. Desde el entorno presidencial se celebró como una “señal inequívoca” de que la estrategia de la Cancillería y la Procuración del Tesoro ha logrado un importante respaldo internacional.

Incluso ha surgido la posibilidad de que el gobierno de EE.UU. proponga el nombramiento de un intermediario para abrir una instancia de negociación entre el Estado argentino y los fondos demandantes. Este giro jurídico, que representa una victoria estratégica para Argentina, podría evitar consecuencias económicas millonarias y marca un capítulo fundamental en uno de los litigios internacionales más relevantes para el país.