Una investigación por presunta caza furtiva de guanacos en la zona de Camarones derivó en la imputación de cinco personas, entre ellas dos integrantes de la Policía del Chubut. La causa incluye también posibles delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento por receptación de carne proveniente de la actividad ilícita.

La audiencia de apertura de investigación se realizó el jueves 12 de noviembre en la Oficina Judicial del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, donde el juez penal Alejandro Soñis autorizó el inicio formal del proceso contra los cinco involucrados.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE-AyDA) de Comodoro Rivadavia, con intervención de la procuradora Andrea Serer y la abogada de Fiscalía Belén Martini.

Un policía acusado de cazar guanacos durante la veda

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el 21 de octubre de 2025, Héctor Frintt, empleado policial, habría ingresado sin autorización al campo La Ernesta, ubicado en las afueras de Camarones.

En ese lugar, y durante un período en el que estaba prohibida la caza, habría dado muerte al menos a un guanaco, cuyo cuerpo dejó sobre el capó de un vehículo.

La acusación sostiene que esta conducta se habría repetido en distintas oportunidades y lugares cercanos a Camarones, entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

Durante un allanamiento, los investigadores secuestraron en su poder dos armas de fuego con miras telescópicas, para las cuales, según la Fiscalía, no contaba con las autorizaciones correspondientes.

Por estos hechos, Frintt quedó imputado provisoriamente por caza furtiva y delitos vinculados con la tenencia ilegal de armas.

Casi 195 kilos de carne de guanaco secuestrados

Otro de los aspectos relevantes de la investigación fue el hallazgo de importantes cantidades de carne de guanaco en poder de dos de los imputados.

Según la Fiscalía, Rogelio Contreras habría recibido 71,145 kilos de carne proveniente de la caza ilegal, mientras que Karen Gacitúa, también empleada policial, habría tenido en su poder otros 123 kilos.

En total, los procedimientos permitieron secuestrar 194,145 kilos de carne de guanaco.

En el caso de Gacitúa, la carne fue incinerada luego de la intervención veterinaria y las actuaciones correspondientes.

Ambos quedaron investigados por el presunto delito de encubrimiento por receptación, bajo la hipótesis de que conocían el origen ilícito de la mercadería.

La defensa cuestionó esta imputación al considerar que no estaban reunidos los elementos necesarios para atribuirles ese delito.

Armas sin autorización en campos y una carnicería

Los allanamientos también permitieron detectar distintas armas de fuego cuya tenencia es investigada por la Justicia.

En el domicilio de Rogelio Contreras se encontró un fusil con mira telescópica, mientras que en poder de Guillermo Bonicatto se secuestró una carabina calibre 22.

Además, durante un procedimiento en la estancia La Ernesta, donde Bonicatto se desempeñaba como encargado, el hombre entregó voluntariamente otra carabina del mismo calibre, que tampoco contaría con la documentación legal correspondiente.

Por otra parte, en la carnicería El Faro, perteneciente a Javier Sardón, los investigadores encontraron un revólver calibre 22 que, según la acusación, no estaba registrado y era mantenido sin la autorización exigida.

Estos hallazgos dieron lugar a imputaciones vinculadas con la tenencia ilegal de armas de fuego.

La Justicia autorizó investigar a los cinco involucrados

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron formalizar la investigación contra los cinco imputados.

Las defensas plantearon distintas posiciones. En particular, se cuestionó la acusación por encubrimiento contra Gacitúa y Contreras, al entender que no existían elementos suficientes para sostenerla.

Sin embargo, el juez Alejandro Soñis consideró que la Fiscalía había presentado elementos suficientes para habilitar la investigación penal.

De esta manera, resolvió formalizar el proceso contra los cinco involucrados, quienes quedaron notificados de los hechos atribuidos y de las calificaciones legales provisorias.

La causa continuará con la recolección de pruebas destinadas a establecer las responsabilidades individuales en los presuntos delitos de caza furtiva, encubrimiento y tenencia ilegal de armas.

La apertura de la investigación no implica una declaración de culpabilidad, sino el inicio formal de una etapa judicial en la que deberán esclarecerse los hechos denunciados.