Chancho suelto en Comodoro Py

Con caretas de cerdos y una bandera con la que rebautizaron a los tribunales de Comodoro Py como “Comodoro Pyg. El Chiquero de la democracia”, un grupo de artistas y militantes del Frente Patria Grande interrumpieron la cotidianeidad de la sede de la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar las “operaciones antidemocráticas” que allí suceden y reclamar una reforma judicial “integral y democrática”.

“Para que haya justicia en este país hay que limpiar esta cueva de corruptos con poder. Queremos una reforma judicial integral y democrática que permita el control ciudadano y garantice la eficiencia del servicio de justicia”, apuntaron. Presentaron un documento con diez propuestas de cambios entre las que figura la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia y la “abolición” de fondos reservados para estas tareas.

La intervención fue rápida. Una docena de militantes y artistas integrantes del frente fundado por Juan Grabois llegaron a la sede judicial de Retiro acompañados de un chancho. Allí se colocaron las caretas rosadas y desplegaron la bandera que presentaba el juego de palabras que englobó el sentido de la protesta: “Comodoro Pyg. El Chiquero de la democracia”.

Luego, ingresaron al hall de los tribunales donde leyeron un documento en el que explicaron la intervención y mencionaron diez propuestas para implementar “una reforma judicial integral y democrática que permita el control ciudadano y garantice la eficiencia del servicio de justicia”. El pago de ganancias por parte de jueces y fiscales, la creación de un organismo que controle “incremento patrimonial y enriquecimiento de los magistrados”, la implementación de juicios por jurados y “el fin del machismo judicial” son algunas de ellas.

“Queremos mostrar algo que los grandes medios callan ¡Comodoro Py es un chiquero! Se trata de un territorio atestado de operadores donde se entrecruzan oscuras estructuras de servicios que los argentinos arrastramos desde la dictadura”, denunciaron en el documento.

LARGO PETITORIO

Según expresaron, la protesta obtuvo un impulso a partir de la supuesta red de espionaje que involucra a agentes de inteligencia, funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal Carlos Stornelli, y políticos que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla, así como la “respuesta del régimen macrista de iniciarle un juicio político” a ese magistrado, pero no solo por eso.

“La mafia extorsiva judicial-mediático-política que hoy converge con el gobierno cuando Mauricio Macri se vaya seguirá extorsionando y condicionando la democracia argentina”, denunciaron desde el Frente Patria Grande. Así, sostuvieron que la causa que tiene en sus manos, por el momento, Ramos Padilla, “es un caso escandaloso” que pone de manifiesto la “guerra judicial que excede al macrismo y salpica a grupos de poder nacionales y extranjeros”.

En ese sentido, las medidas que el espacio político que impulsa a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner como candidata presidencial insisten en que “los jueces y fiscales paguen impuesto a las ganancias y publiquen sus declaraciones juradas” y reclaman la creación de un “órgano independiente” que controle el “incremento patrimonial y enriquecimiento de los magistrados”.

Exigen la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) y “la abolición de fondos reservados”. Consideran necesario que los jueces y fiscales informen “a la sociedad todos los viajes y congresos sufragados por estados extranjeros, empresas o particulares a los que asisten, así como contactos con agentes de estados extranjeros”, mientras que proponen “contactos transparentes entre periodistas, empresarios de medios, operadores judiciales y agentes de inteligencia”, sin especificar de qué manera esto se llevaría a cabo.

Por otro lado, apuntan la aplicación de “sanciones efectivas” a aquellos jueces y fiscales que demoren causas, que los procesos sean digitalizados y que las designaciones sean por concurso público en el que participe la ciudadanía. “Basta de elegir jueces, fiscales y altos funcionarios judiciales a dedo y por acomodo”, advirtieron.

Por último, exigen “el fin del machismo judicial”. “En Comodoro Py, 11 de los 12 jueces federales son hombres y las situaciones de violencia de género y machismo están totalmente naturalizadas”, denunciaron.

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