Amparado en el artículo 69 de la Constitución de Chubut, la Fiscalía de Estado que conduce Miguel Montoya entregará la próxima semana una lista de ex funcionarios –tres de ellos en actividad–, que podrían prestar declaración testimonial ante un juzgado nacional en Buenos Aires que investiga la validación del contrato petrolero con Pan American Energy (PAE).
Así lo indicó el fiscal de Estado, Miguel Montoya, a Diario Patagónico, confirmando que en la lista están el ex gobernador y actual diputado nacional, Mario Das Neves; su ex ministro Coordinador y hoy asesor del Gobierno nacional, Norberto Yauhar; los ex presidentes de Petrominera, Néstor Di Pierro (intendente de Comodoro) y Luis Tarrío, además de quien fuera secretario de Hidrocarburos de Chubut, Sergio Bohe.
La entrega de esta documentación se realizará bajo el amparo del artículo 69, el cual establece que “todos los funcionarios públicos, efectivos o no, y aún el interventor federal, en su caso, son solidariamente responsables con el Estado por los daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño de sus funciones. En tales supuestos debe accionarse contra el responsable para que indemnice al Estado los daños que con su actuación le haya irrogado”.
“El Estado y los municipios están obligados a hacer citar al juicio en que son demandados a los funcionarios o ex-funcionarios que se encuentren en las condiciones precedentes y a ejercitar la pertinente acción de repetición”, cita la ley.
UN INFORME ES LA BASE DE LA DENUNCIA
La denuncia civil fue realizada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, patrocinada por el abogado Enrique Vanosi, contra el Gobierno provincial y Pan American Energy, que fueron notificados en diciembre.
Mediante la misma, se pide la nulidad del contrato de concesión con PAE por el supuesto pago de coimas en su negociación y sobre la base de una presunta falsificación de un informe de reservas, confeccionado por la Universidad de Cuyo, el cual era determinante al momento de realizar la concesión, establecer criterios y valuar el yacimiento.
Según confirmó Montoya, hasta el viernes de la próxima semana el Gobierno provincial tiene tiempo para entregar esta documentación. “Es una causa contenciosa administrativa. Vamos a poner a todas las personas que tenían responsabilidad para que expliquen si estuvo bien o no la cesión”, explicó sobre la documentación a presentar.
“Tenemos fecha de contestación para responder si es válido o no. Uno de los puntos que ya está sumamente cuestionado es la certificación del informe de reserva. Ellos tendrán que aclarar si el informe fue agregado por Pan American o por funcionarios, y qué lo motivo”, detalló.
En principio se supo que el Gobierno defenderá la vigencia del contrato de concesión, teniendo en cuenta que no hay ningún falló que confirme el pago de coimas en la negociación y tampoco la falsificación de este informe, respetando la base del principio jurídico.