La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó ayer las oficinas del Juzgado Federal de Orán, a cargo de Raúl Reynoso, y diferentes domicilios de esa ciudad, entre ellos, el de un empleado judicial, en el marco de una investigación iniciada a partir de dos denuncias por sobornos para liberar a narcotraficantes, informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Salta, Julio Bavio, a solicitud del fiscal Eduardo Villalba, quien había comenzado a investigar las denuncias.

Además de los allanamientos, el juez Bavio ordenó las indagatorias del magistrado de Orán, de un colaborador del tribunal, de cinco abogados del fuero y de un particular.

Fuentes cercanas a la investigación estimaron que todos los imputados serán detenidos, a excepción del juez Reynoso, quien tiene fueros y tiene que ser destituido antes de ser detenido.

Todas estas personas están acusados de integrar una organización dedicada a cobrar coimas y recibir dádivas a cambio de la libertad de imputados por narcotráfico.

El fiscal Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, coincidieron en que todos los imputados, con Reynoso a la cabeza, construyeron un "aparato de poder con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal".

Los representantes del Ministerio Público pidieron la indagatoria del juez Reynoso y de su funcionario de confianza, pero también del resto de las personas que consideran integraron ese "aparato de poder", que funciona al menos desde el 19 de marzo de 2010.

Los allanamientos fueron impulsados por dos pedidos de los fiscales, basados en dos denuncias coincidentes contra Reynoso y los otros imputados: una de ellas fue formulada por la ex pareja de un acusado por narcotráfico; y la otra, por el abogado de Orán David Leiva, quien también se dedica a las causas de derechos humanos.

El 19 de octubre pasado, Leiva junto a miembros de organismos de derechos humanos denunciaron públicamente al juez federal de Orán por presunto cohecho y otorgamiento de beneficios a personas involucradas en narcotráfico, trata de personas e ingreso ilegal de divisas al país, entre otros delitos.

"Presentamos una denuncia porque tenemos conocimiento y muchos indicios que en la Justicia federal de Orán se requiere dinero a cambio de actividades judiciales que benefician con la excarcelación o la falta de mérito a personas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y las divisas ingresadas ilegalmente", dijo el letrado en la ocasión.

El letrado formuló estas declaraciones en el acceso a los tribunales federales, acompañado por Martín Avila, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Oscar Rodríguez, de la APDH de La Plata y Nora Leonard y Cristina Cobos, de la Asociación de Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", entre otros.