En la reunión con el gobernador Arcioni y el ministro Antonena, los magistrados y funcionarios judiciales “hicimos saber que el Poder Ejecutivo debía ser consciente del malestar social y de la poca tolerancia que la sociedad tiene para enfrentar un año 2020 similar a 2019 en términos de conflictividad social”.

Advirtieron que el Poder Ejecutivo “anuncia un congelamiento de ingresos de empleados al Estado y que luego no se cumple, toda vez que durante 2020 se han nombrado cargos y también que es necesario un control de las personas que están cobrando sueldo del Estado y que no trabajan”.

La respuesta de Arcioni “fue que los nombramientos se correspondían a cargos vacantes y que en muchos casos era la continuidad de mandatos que se renovaban pero que ya venían trabajando. Y que podría existir alguna persona que cobrara y no trabajara pero que no era la generalidad”.