Cobrarán multas a los autores de amenazas de bomba a los colegios

Los últimos casos que se verificaron en establecimientos educativos de Trelew y Puerto Madryn derivarán en allanamientos durante las próximas horas, según confirmó el ministro de Gobierno, Federico Massoni. Hubo contactos con la subsecretaría de Seguridad de la Nación.

Debido a los reiterados llamados a las escuelas de Trelew y Puerto Madryn donde alertaban de una bomba, con el subsiguiente desalojo de todos en los edificios, se decidió trabajar conjuntamente los ministerios de Educación y de Gobierno para armar un protocolo de acción.

La titular de la cartera de Educación, Graciela Cigudosa, calificó de muy preocupante lo que se generó esta semana ya que estos falsos llamados generan la movilización de muchas personas. “Hay escuelas como la Nº 747 con 600 alumnos en secundaria, más el jardín con cien niños y los 200 de primaria”, que tuvieron que salir todos del establecimiento porque el protocolo establecido marca que “hay que desalojar sí o sí, hay que irse a la otra cuadra y tenemos que llamar a los padres”. No se pueden ignorar los llamados.

Cigudosa reconoce que “generalmente nos ha pasado y desde siempre, que los hacen los adolescentes, los que están en los últimos años, ya en los últimos días cuando empieza el tiempo lindo. Esto siempre lo hacían pero ahora está pasando a mayores y el jueves fue complicado”.

Por su parte el ministro de Gobierno, Federico Massoni, calificó lo ocurrido como un delito grave y no una travesura de niños, por el riesgo que implica trasladar a todos los alumnos fuera del establecimiento educativo. También resalta el gasto que ocasiona la activación del protocolo tanto en recursos humanos como materiales.

Por este motivo se trabajó con el equipo de legales del Ministerio de Gobierno con el fin “de ver cuál es el mecanismo, y ya tenemos un borrador, para establecer cómo nosotros desde acá le podamos cobrar una multa muy fuerte a aquellos que realizan este tipo delictual. Porque de alguna manera tenemos que recuperar para la sociedad todo el gasto que se realiza durante la activación del protocolo correspondiente”.

Massoni consideró que “esta fuerte multa va a permitir que no quede impune porque si es un menor el que realizó alguna de estas llamadas, pasa a ser inimputable. Entonces que los responsables de este menor, sea padre, madre o tutor, se hagan cargo económicamente de todo el gasto que conlleva al Estado”.

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