Colegios salesianos afirman estar en "situación límite" 

Aseguran atravesar una situación "inédita en los casi 100 años de la historia de nuestras Instituciones". Exigen que Provincia envíe las partidas para hacer frente al pago de salarios.

La visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, no implicó soluciones directas para la vuelta a clases en Chubut. Sin embargo, permitió crear una mesa de diálogo entre el Gobierno provincial y los sindicatos estatales.

Los trabajadores de la Educación coinciden en que el comienzo del ciclo lectivo está lejos de concretarse. No hay un panorama concreto en el corto plazo, al menos hasta que haya soluciones en materia salarial y de infraestructura y se termine de finalizar el protocolo sanitario.

Esta situación se viene repitiendo en los últimos tres años en Chubut. Es por eso que muchos padres decidieron hacer un esfuerzo económico y cambiar a sus hijos de un colegio estatal a uno semiprivado con el objetivo de que tengan los 180 días de clases que establece la ley de Educación.

Pero ahora la crisis amenaza con llevarse puestos a los colegios salesianos de Comodoro Rivadavia, tal como informó El Patagónico en enero. Esta vez sus autoridades informaron que están en una situación límite y que peligra el inicio de sus actividades debido a que no pueden seguir haciendo frente a sus gastos sin el ingreso de las partidas que debe enviar el Gobierno provincial.

“Si bien somos conscientes de que se encuentran gozando del merecido descanso, creemos necesario e imperativo comunicarnos con ustedes a fin de transmitirles, nuevamente, la situación financiera de nuestras casas, que por reiterada no deja de ser crítica, preocupante e injusta”, sostuvieron los representantes de los colegios Santo Domingo Savio y Deán Funes y el Instituto María Auxiliadora.

“Como hemos comunicado a lo largo del 2020, el Estado provincial continúa adeudando los aportes destinados a los haberes del personal docente de la planta orgánica funcional de nuestras instituciones. Por otro lado, de forma sostenida se han realizado los reclamos pertinentes, exponiendo en todos los casos el momento económico límite que atravesamos por esta deuda y en la penosa situación en que nos encontramos cada mes teniendo que afrontar con fondos propios la totalidad de los haberes del personal sin la transferencia que por Ley corresponde”, agregaron.

“FRAGILIDAD INSTITUCIONAL”

Según los colegios salesianos, Provincia adeuda la transferencia íntegra de noviembre, diciembre, Salario Anual Complementario de junio de 2020 y enero de 2021, al igual que los ajustes de las cláusulas gatillo de los meses de enero, febrero y marzo de 2020. A esto se suma que a las instituciones comodorenses se les venció el plazo para pagar los haberes de enero.

“Esta problemática impone una gran fragilidad institucional. Por un lado, la permanente incertidumbre del déficit económico que condiciona el cumplimiento de las obligaciones sobre 105 haberes del personal, y por otro, se nos priva cada mes de iniciar las tareas necesarias para el mantenimiento; mejora edilicia; adquisición de insumos, todo ello condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de nuestra tarea educativa. A esto, se adicionan los aspectos vinculados a la prevención del COVID-19 y el sosteniendo de los protocolos vigentes, para lo que es imprescindible contar con fondos necesarios para la adquisición de los insumos específicos”, destacaron.

La situación es preocupante para los colegios salesianos y advirtieron que de no revertirse esta situación límite e inédita en los casi 100 años de la historia, peligra “la misión educativa y el sostenimiento del proyecto educativo de escuelas salesianas de nuestra ciudad, marcando un hito perjudicial para toda la comunidad”.

Las autoridades manifestaron que continuarán gestionando ante las autoridades provinciales para “cumplir con los compromisos ineludibles que tenemos con cada uno de ustedes, en definitiva, el derecho a aprender de nuestros niños y jóvenes, y el de enseñar, de nuestros docentes”.

El comunicado lleva la firma de Gabriela Gómez, directora general y representante legal del Colegio Santo Domingo Savio; Andrés Quezada, director general y representante legal del Colegio Salesiano Deán Funes; Carolina Otero y Daniela López, directora general y representante legal, respectivamente, del Instituto María Auxiliadora.

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