Comenzó el juicio a una excandidata a gobernadora

Es por los hechos de violencia que Antonia Martínez y otras personas protagonizaron contra policías en el marco de una protesta en la Casa de Gobierno. Esa tarde la acusada manipuló una garrafa y amenazó con quemar vivo al personal policial.

El fiscal Fernando Rivarola dio los detalles del hecho por el cual este miércoles comenzó el juicio contra Celmira Antonia Martínez, la mujer que en mayo de 2019 fue parte de una protesta que derivó en un enfrentamiento con lesiones de varios empleados policiales. Se trata de una ex candidata a gobernadora en 2011 por Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que a nivel nacional orientaba Raúl Castells. En 2015, Martínez fue precandidata a diputada nacional en la lista que postulaba para presidente a Adolfo Rodríguez Saá, pero no superó las PASO.

El fiscal detalló que “la acusación tiene que ver con una conducta de atentado contra la autoridad agravada por la participación de más de tres personas en el marco de un reclamo que inició la señora en Casa de Gobierno, que terminó con muchos empleados policiales lesionados, además de la utilización por parte de la señora de una garrafa con la cual amenazó con incendiar al personal policial”.

“El hecho quedó registrado en videos de cámaras públicas y de la Casa de Gobierno, pero ese material se destruyó y no se pudo recuperar. Esto constituye la pérdida de un material probatorio”, agregó.

De igual modo, “la jueza no habilitó un video publicado en YouTube donde se observa el hecho”, precisó el magistrado: “Aun así, el personal que analizó esos videos va a declarar y el ex jefe de la Policía, Miguel Gómez, que estuvo ese día, ya declaró. De hecho, la filmación que aparece en YouTube es la que filmó él”.

Rivarola explicó que una cuestión previa al juicio tuvo que ver con la destrucción del legajo original en los incendios del 16 de diciembre que afectaron a varias instituciones provinciales en Rawson. “Aun así la jueza entendió que con la reconstrucción que hizo la fiscalía se habilitaba el debate”.

Fuente: Jornada

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